September 2011

08/09/2011

I.- Introducción.-

La suspensión del audio del programa “Tiempo de juego” de la COPE en los partidos de futbol que ofrece la plataforma GOL TV ha sido el último de los episodios que aún quedan por narrar en el conflicto que mantiene la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con el parque de emisoras de radio a causa del canon exigido por las retransmisiones radiofónicas de los encuentros.

II.- Génesis del conflicto.-

A mediados de Julio de este año, la LPF anunció el propósito de comercializar los derechos de retransmisión radiofónica de los encuentros de futbol a partir de la temporada 2011/2012 que sus equipos disputen en la Liga BBVA (1ª División), Liga Adelante (2º División A) y la Copa de S.M. El Rey, (excluyendo su final). Con ello se causó un revuelo importante ya que la totalidad del sector radiofónico ha manifestado su expreso y contundente rechazo.

La LPF, ha sido clara al respecto, al afirmar que el objetivo de esta comercialización es el desarrollo de la explotación de los derechos exclusivos propiedad de los organizadores de los encuentros, nada más. Y ello con efectos desde la primera jornada del Campeonato de Liga de la presente temporada. No en vano, la LPF entiende que ostenta la legitimidad de exigir a las emisoras el abono de una relación de paquetes que, según la cuantía de las tarifas, ofrecen una serie de servicios para poder efectuar la retransmisión de los partidos en directo.

De ahí, las hostilidades se desataran en el momento de verificarse la solicitud por la LPF de las correspondientes ofertas económicas para realizar la retransmisión radiofónica en directo de encuentros de fútbol profesional. Oferta que deben de remitir todos aquellos operadores radiofónicos, siempre y cuando: (i) estén debidamente interesados, (ii) se encuentren legalmente establecidos en España, y (iii) ostenten la preceptiva licencia de emisión de ámbito estatal, autonómico o municipal. En caso contrario, no podrán ejercer su labor tal y como la venían efectuando hasta esta temporada.

III.- Bloques y niveles de servicios a prestar. Clasificación

Los bloques de servicios que originan la obligación de pago a las emisoras de radio se han configurado en 4 escalas o niveles:

1) Servicio Básico (Nivel A). Comprende:

- Contratación de una o varias cabinas de comentarista.

- Acceso a la zona mixta y a la sala de prensa.

- Disponibilidad del servicio: Todos los operadores radiofónicos de ámbito estatal, autonómico o municipal interesados. En caso de no haber suficientes cabinas en un estadio, las radios de ámbito municipal ocuparán, en lugar de una cabina, un pupitre de prensa.

2) Servicio Premium (Nivel B). Comprende:

- Acceso a pie de campo por parte de un periodista y emisora, en la zona delimitada al efecto.

- Disponibilidad del servicio: Los operadores radiofónicos estatales y autonómicos que hayan contratado el servicio Básico.

3) Servicio Exclusivo 1. (Nivel C). Comprende, para los operadores que hayan contratado el servicio nivel A y B, el:

-Acceso a zona exclusiva de entrevistas en zona mixta y en el antepalco por parte de un periodista y emisora.

- Disponibilidad de servicio: Una radio de ámbito estatal y una radio con licencia autonómica.

4) Servicio Exclusivo 2. (Nivel D). Comprende, para los operadores que hayan contratado el servicio nivel A y B, el:

- Acceso a la boca del túnel de vestuario al finalizar el encuentro, con posibilidad de realizar un ’súper flash interview’ a jugadores. Los jugadores escogidos deberán ser distintos a los jugadores que sean entrevistados por el operador de televisión en el sistema ’súper flash interview’.

- Disponibilidad de servicios: Una radio de ámbito estatal y una radio con licencia autonómica.

Condiciones generales.-

En relación a las tres categorías de operadores radiofónicos y a los servicios adjudicados, tendrán derecho a la retransmisión en directo y acceso a:

- Radios de ámbito Estatal: Todos los estadios donde se celebren los encuentros.

- Radios con licencia Autonómica: Todos aquellos estadios donde equipos que tengan su domicilio en territorio de su respectiva Comunidad Autónoma, disputen encuentros. Asimismo podrán acreditarse para el servicio básico de un equipo que dispute encuentros y que se halle radicado fuera de su Comunidad Autónoma.

- Radios con licencia Municipal: Todos aquellos estadios donde equipos que tengan su domicilio en territorio de su municipio disputen encuentros. Las ofertas económicas deberán realizarse para cada uno de los equipos que puedan existir en el mismo municipio.

Asimismo, la LFP incide en que los operadores radiofónicos interesados deberán remitir su oferta con indicación a qué servicios optan, teniendo en cuenta la prelación de los mismos, y ofreciendo precio a cada servicio interesado, previa identificación de la sociedad que oferta, e indicación del carácter de emisora estatal, autonómica o de ámbito municipal y lengua a emplear en la emisión en directo.

Por lo tanto, todo hace indicar que no existe un canon o precio estándar, sino que fluctuará dependiendo de cada emisora y el ámbito que tiene. Y ello a pesar de que la LFP también ha dejado claro que las ofertas recibidas y en su caso adjudicaciones de servicios correspondientes, serán válidas para las temporadas 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014.

IV.- Razonamientos en defensa de la LFP

Los juristas y letrados representantes o posicionados a favor de la LPF sobre los postulados que sostiene, tienen la parte más fácil en cuanto a la articulación de una defensa técnica basada en criterios eminentemente legales. De este modo, el argumento podrá asemejarse a lo siguiente.

La labor de las radios respecto de la retransmisión de las jornadas de futbol profesional no debe entenderse desde el prisma del derecho de la información, en la medida en que estos encuentros no pueden calificarse de acontecimientos de interés general para la sociedad. Al contrario, el futbol supone un elemento de entretenimiento elaborado y creado para la realización de una actividad comercial, y de esa misma forma en sus retransmisiones las radios realizan una labor puramente mercantil con el objetivo de lucrarse. Prueba de ello es la gran cantidad de ingresos en publicidad que las radios obtienen en las franjas horarias destinadas a la retransmisión de estos partidos.

Si acudimos a la justificación legal que ampara las pretensiones de la LPF, nos encontramos, tras una breve revisión, con que el término derechos exclusivos (su explotación) aparece en la legislación vigente. Es decir, en el artículo 19 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo General de Comunicación Audiovisual (LGCA), se menciona el derecho a contratar la emisión en exclusiva de los contenidos audiovisuales siempre y cuando no merme el derecho a la información. De ahí que para salvaguardar los derechos vinculados con la libertad de prensa, se permita el acceso libre a los prestadores de servicios (medios) y les excluye de contraprestación cuando los contenidos se emitan (i) en un informativo, (ii) en diferido y (iii) con una duración inferior a 3 minutos.

Pero la atención se centra en que en el artículo 19 de la LGCA, tan solo se regula la exclusividad de las emisiones por televisión sin pronunciarse sobre las emisiones difundidas por radio. Por lo que las emisoras quedarían, en principio, excluidas del canon al no estar esa obligación expresamente plasmada en la ley.

No obstante, las interpretaciones han de hacerse según el contexto regulatorio existente que no se puede obviar. Y si se atiende a los estatutos de la LPF, vemos que sí queda indicada la función de “explotación comercial”, una facultad se le reconoce a la LPF como persona jurídica y que, por tanto, la legitima perfectamente para pedir el canon a las radios, pese a que en la legislación general se refiera solamente a las televisiones. A esta conclusión derivada de la aplicación de entorno legal existente, se podría llegar por cualquier letrado, por el principio general del Derecho consistente en que la regulación especial prevalece a la general.

En definitiva, es muy plausible la defensa de que la LFP tiene la exclusiva en la retransmisiones de lo sucede en un encuentro entre dos equipos que forman parte de su organización. Y más allá de que para la LFP la existencia de la radio y sus retransmisiones no suponga una amenaza de grandes dimensiones a nuestro patrimonio, la realidad es que los derechos de exclusiva se mantienen, con lo cual está dentro de las posibilidades de la LFP exigir a aquellos que se lucran y se mantienen con un actividad organizada y establecida por ella misma.

Como numerosos juristas afirman, poca relevancia tiene en este sentido el alegato de las radios al modelo mantenido durante décadas, consistente básicamente en que los clubes no ejercían su derecho de obtener beneficios por la actividad propia.

De hecho, la legislación y la organización de otros Estados cercanos y con un nivel competitivo similar al que rige el campeonato de futbol de primera y segunda división, es una muestra de la racionalidad legal de las pretensiones de la LFP. En efecto, la competición futbolística española es la única de las grandes competiciones existentes en la Unión Europea que no ejerce sus derechos de exclusiva sobre la retransmisión por parte de las radios de la actividad creada y ejercida por los clubes. Por tanto, algunos especialistas aseveran que la pretensión de la LFP no solo es legítima, sino que es coherente con el espíritu armonizador e integrador que debe regir la actividad empresarial dentro del ámbito europeo.

V.- Argumentos utilizados por las emisoras de radio.

Desde el parque radiofónico nacional se ha movilizado a varios equipos de profesionales de la abogacía para desmantelar los argumentos esgrimidos por la LPF. Y la reacción legal no se ha hecho esperar, por lo que de forma casi inmediata se ha construido una fundamentación técnica digna de mención.

Principalmente, se esgrime que es cierto que la LGCA, en su artículo 19, establece que “los prestadores de servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho a contratar los contenidos audiovisuales para su emisión en abierto o codificado” lo cual significa tener un derecho de emisión en exclusiva. Sin embargo, la ubicación sistemática de este artículo en el cuerpo legal que compone la ley determina que no es aplicable al caso. Los letrados de las emisoras defienden que el precepto se encuentra encuadrado dentro de la Sección Tercera de la Ley 7/2010, denominada La contratación en exclusiva de la emisión por televisión de contenidos audiovisuales. Y como se ve, la regulación de la exclusividad de las emisiones que pretende el artículo 19 sólo puede referirse a los medios televisivos, y no a las radios, como sostiene la LFP.

A este respecto, se defiende que la LGCA separa perfectamente un medio de radio de uno de televisión en su artículo 2: “Son modalidades del servicio de comunicación audiovisual: (a) El servicio de comunicación audiovisual televisiva, que se presta para el visionado simultáneo de programas sobre la base de un horario de programación”. Es decir la Televisión, que diferencia perfectamente de la radiodifusión, en su apartado “(d) El servicio de comunicación audiovisual radiofónica, que se presta para la audición simultánea de programas y contenidos sobre la base de un horario de programación.”

Asimismo, la Ley mencionada distingue en el art. 2.6 entre un programa de radio y otro de televisión:

“Programas audiovisuales.

Programa de televisión: Conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que constituye un elemento unitario dentro del horario de programación de un canal o de un catálogo de programas. En todo caso son programas de televisión: los largometrajes, las manifestaciones deportivas, las series, los documentales, los programas infantiles y las obras de teatro originales, así como las retransmisiones en directo de eventos, culturales o de cualquier otro tipo.
Programa de radio: Conjunto de contenidos sonoros que forma un elemento unitario dentro del horario de programación de un canal o un catálogo de programas”.

La búsqueda en distintos preceptos de diferenciar la radio de la televisión hace ver que la finalidad del legislador sea crear dos regímenes diferenciados para cada servicio. De ahí que no se puedan equiparar los derechos y las obligaciones de una modalidad comunicativa a otra. Radio y televisión no son lo mismo, y la lectura del artículo 19 permite observar que las regulaciones ahí planteadas se refieren solo a la televisión y que no hay ningún otro artículo que se refiera a la explotación en caso de radios.

La propia Ley separa ambos conceptos considerándolos distintos, como bien ha dicho el comunicado de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), la actividad y lo emitido por radio son contenidos únicamente auditivos no de sucesión de imágenes por lo que el artículo 19 no se aplicaría al caso. Asimismo, recalca que no aparecen los jugadores, ni el campo, ni lo que sucede en el mismo; sino que se trata de meros comentarios de los locutores que hablan en función de lo que están viendo. Comentan y opinan de forma subjetiva justo como hacen dos espectadores en su hogar. No puede escucharse nada más que ellos, sin apreciarse siquiera el ruido del de la gente del estadio.

Al margen de lo anterior, los postulados jurídicos en pro de las emisoras radiofónicas manifiestan que con la exigencia del canon: (i) se restringe el Derecho a la información, infringiendo el artículo 19.3 de la LGCA, dado que se ha negado el acceso a las emisoras para cubrir los contenidos informativos más elementales; (ii) se Restringe el Derecho a la Pluralidad Informativa de medios, menoscabando el artículo 4 de la LGCA, dado que el hecho de no haber permitido a las emisoras de acceder a los estadios, impide que se reciba información de los partidos por radio, como un medio más al que los ciudadanos tienen derecho acudir para mantenerse ejercer su derecho a la información y la pluralidad de la misma ; y (iii) se vulnera la Resolución del Parlamento europeo sobre la Retransmisión de acontecimientos deportivos B4-0326/96, en al menos 4 de sus principios cardinales.

Con independencia de los criterios legales, desde esta postura se entiende que la labor ejercida por la Radio respecto de los partidos de futbol no es una labor comercial, ni su objeto es lucrarse de la actividad ejercida por otros. Al contrario, las radios ejercen su función periodística a la vista del derecho de información de los ciudadanos, que en ningún momento puede ser limitado por los derechos en exclusiva ostentados por la LFP. Prueba de la naturaleza informativa del hacer de las radios en lo que al futbol se refiere, es el elemento que clave que determina la realización de actividad misma, que no es otro, como ya sabemos, que la presencia de un ciudadano -generalmente un periodista profesional- relatando/informando lo que ve en un terreno de juego.

En último término, es muy relevante tener en cuenta el concepto de elasticidad cruzada de la demanda, utilizado en Derecho de la Competencia para determinar si un bien en sustitutivo de otro y, por tanto, saber si un aumento en el consumo de un bien o servicio perjudica al consumo del otro, siendo entonces susceptible de hacerle competencia. En el caso de las retransmisiones radiofónicas de los partidos parece comprobado que estas no son un elemento sustitutivo de la asistencia de los espectadores a los estadios (como sí lo es la TV). Es más, se puede entender como complementario en la medida es que es usual la utilización de radiotransmisores entre el público, y la labor de la Radio ayuda a incrementar el interés por el futbol a nivel profesional. Si la elasticidad cruzada de la demanda es nula, esto significa que un incremento en el consumo de radio (en lo que a futbol se refiere) no implica una disminución de la asistencia de los aficionados a los estadios, y por tanto que la LFP no puede sentirse afectada en su en su patrimonio por la existencia misma de un servicio de retransmisión radial de los encuentros y, en definitiva, carece de justificación su intento de lucrarse con la actividad de las radios.
 

17/09/2011

Artículo donde se analiza someramente la viabilidad de las televisiones autonómicas de caracter público. Se llega a la conclusión de que estamos ante el fin de un modelo basado en la extinta Ley del Tercer Canal de 1983
 

http://www.diariojuridico.com/opinion/la-crisis-en-las-televisiones-autonomicas-el-fin-de-un-modelo-basado-en-la-extinta-ley-del-tercer-canal-de-1983.html

22/09/2011

La tenista y modelo rusa Anna Kournikova le ha ganado la batalla legal a Telecinco en una dura pugna judicial mantenida durante más de 6 años y que se inició con la demanda que presentaba, en su día, por intrusión ilegítima en su derecho a la intimidad.

La controversia debatida en el Tribunal Supremo versaba sobre la conveniencia o no al derecho vigente del reportaje titulado 'El desnudo del año' que se emitió el 30 de diciembre de 2004, por el programa “Aquí hay Tomate”. En él, se mostraba a la deportista rusa y al cantante Enrique Iglesias en una playa mediante fotos manipuladas. Algo que no dudó en denunciar.

En esta semana se ha dado a conocer la Sentencia del Alto Tribunal que ponía fin al proceso civil abierto en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid. Una vez superadas todas las fases los litigantes acudieron a la segunda instancia quedando los autos listos para resolver. Y así se produjo en favor de los demandantes en virtud de la resolución de la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid que estimaba las pretensiones indemnizatorias de Anna Kournikova y Enrique Iglesias.

No obstante, el canal de televisión presentó un Recurso de Casación por entender que el conflicto debía inclinarse en a favor del Derecho a la Libertad de Información y Expresión recogidos en el artículo 20.1 a) y d) de la Constitución Española. Por el contrario la representación de las celebridades alegó entre, otros argumentos, las limitaciones de los derechos constitucionales de la comunicación por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

En la doctrina aplicable, la clave en esta clase de reportajes está determinada por cuatro factores fundamentales: (i) la protección de los menores; (ii) el lugar donde se grave; (iii) si es imprescindible su uso para conseguir la información; y (iv) si lo que se busca es el interés público (información) o bien “lo que le interesa al público” (entretenimiento). Y ha sido la concurrencia en la evaluación de esos elementos lo que ha decantado al Tribunal Supremo a favor del derecho a la intimidad. Así en diversos casos similares se ha manifestado que, “en aplicación del principio de proporcionalidad y de acuerdo con las circunstancias concurrentes, no está justificada por el ejercicio del derecho a comunicar libremente información.”

Sobre esta base, se ha dado la razón al cantante Enrique Iglesias y la tenista Anna Kournikova en la playa.

El Supremo ha desestimado el recurso de la cadena de Mediaset y ha ratificado la condena impuesta por la Audiencia Provincial, que fijó una indemnización de 300.000 euros para la deportista rusa, a la que se sacó desnuda utilizando tres instantáneas falsas tomadas de internet, y otra de 36.000 euros para Enrique Iglesias. De este modo, el TS consideró que el reportaje, titulado 'El desnudo del año' y emitido el 30 de diciembre de 2004, incurrió en una "intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad" de los dos famosos.

El fallo es realmente concluyente en su decisión, al justificar la infracción a la intimidad:

"En primer lugar porque las imágenes en su conjunto los representaban en momentos que la mayoría de las personas, y también los demandantes, reservan para sí mismas, sin exponerlos a la curiosidad ajena; y en segundo lugar, porque la manipulación de tres de las imágenes, presentando a Doña Anna Kournikova desnuda cuando no lo estaba, agravaba la invasión de la intimidad de los dos demandantes, exponiéndolos en una situación que la mayoría de las personas reservan para sí mismas todavía más".

Pero estos no son los únicos motivos esgrimidos por el Supremo, ya que considera que los derechos a la propia imagen de Iglesias y Kournikova se vieron colapsados:

"porque, amén de no haber consentido la captación ni la difusión de sus imágenes, se les fotografió cuando estaban en un lugar no abierto al público".

La sentencia también reprueba los comentarios efectuados en 'voz en off' en el reportaje, como éste: "Mientras ella enseña hasta el trijuelo, él sigue allí, con su bañador y sus partes púdicas bien resguardadas, que este año los catarros vienen fuertes".

La respuesta del Tribunal fue contundente:

"Estos comentarios traspasaron los límite de lo burlesco, satírico o sarcástico para, desde la perspectiva de los usos sociales, que no del buen o mal gusto, servirse de lo soez para denigrar a los demandantes atribuyéndoles unos determinados hábitos sexuales, con comparación incluida de la demandante con un animal, y aludiendo a partes del cuerpo de la demandante en términos que producían un efecto despectivo", indica el Supremo.

Finalmente, concluye que Telecinco no puede escudarse en su falta de participación en la manipulación ni en su desconocimiento de la manipulación misma,

"porque la ilegitimidad de las intromisiones tipificadas en la LO 1/82 no depende de que sean dolosas o intencionales".

30/09/2011

Fuente: http://www.lexureditorial.com/noticias/1109/27115815.htm

El acusado de fingir ser una menor de Tuenti para conseguir fotos de niñas desnudas ha admitido este martes ser el autor de estos hechos, por lo que la Audiencia de Cantabria le impondrá una condena de cuatro años de prisión.

Inicialmente, el Ministerio Fiscal pedía penas que sumaban 12 años de prisión, pero al reconocer el ministerio público rebaja sus peticiones y se le aplicará lo que se conoce como sentencia de conformidad.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria tendrá en cuenta para la sentencia, tras el acuerdo alcanzado este martes, las circunstancias atenuantes de confesión de los hechos y la atenuante de reparación del daño, por haber abonado parte de la indemnización.

Además, se ha valorado que asumió la responsabilidad de los hechos "desde el primer momento", y que colaboró con los cuerpos de seguridad, facilitando el acceso a sus equipos informáticos para la recopilación de los datos.

En concreto, se le condenará a dos años de prisión por corrupción de dos menores, a 15 meses por el mismo delito pero en grado de tentativa con cinco, a tres meses de prisión por tener material pornográfico, a seis meses por revelación de secretos y a una multa de 630 euros por siete faltas de coacciones, al amenazar a las niñas.

La condena incluirá la prohibición de acercarse y comunicarse con las cinco menores víctimas durante un período de seis años, así como el comiso de sus sistemas informáticos, incluidos los equipos, programas y soportes relacionados con los hechos.

El hombre, de una edad inferior a los 30 años, se hizo pasar por una menor de 14 años en Tuenti para contactar con chicas menores de edad a las que ganaba su confianza para, después, convencerles de que le enviasen fotografías de las menores desnudas.

El acusado consiguió así que al menos dos menores de 11 y 12 años de edad le remitieran esas fotos, algunas con actitudes de contenido sexual; también logró que otras cuatro le mandaran fotos, con las menores vestidas. Además, presuntamente utilizó algunas de esas fotografías para mandarlas como ejemplo a otras chicas.

El imputado, J.G.M., utilizó de septiembre de 2008 a enero de 2009, una cuenta de messenger MSN y dos cuentas que abrió en la red social Tuenti con el fin de contactar con menores de edad, a las que engañaba haciéndose pasar por una chica de 14 años, llamada Isabel, y de la que aportaba datos falsos, y de la que otras veces fingía ser el novio o el tutor.

Una vez que contactaba con las menores, se ganaba su confianza tras mantener con ellas múltiples conversaciones a través del chat, y entonces, usaba excusas como la de determinar su talla para ver si podía ayudarlas a entrar en el mundo de la moda o querer regalarles un vestido.

Así, les pedía que le enviasen fotografías en las que estuvieran desnudas, o que conectasen su webcam para captar él mismo las imágenes.

Además, en ocasiones intimidaba a sus interlocutoras haciéndoles creer que necesitaba esas fotografías imperiosamente, porque el novio o el tutor de la supuesta Isabel la maltrataba o amenazaba con hacerle daño si no las conseguía. También llegó a amedrentar a sus víctimas con buscarlas y causarles algún mal si no accedían a sus deseos.

Cuando el ordenador del acusado fue registrado el 27 de enero de 2009 en su domicilio, se encontraron archivos con fotografías enviadas por las menores con las que había contactado, así como múltiples archivos con material pornográfico en donde aparecían también imágenes de menores de edad, sin que haya podidos acreditarse que intercambiara este material con terceras personas.
 

Velázquez, 94, 1º 28006 Madrid, Tel. +34 91 781 74 11

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