January 2010

04/01/2010

El próximo día 11 de enero se hará pública la memoria de actividades de 2009 de Díez & Romeo. La firma ha reforzado su liderazgo a nivel nacional convirtiéndose en el estudio de referencia en los sectores Media, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Asimismo, durante el 2009 Díez & Romeo ha obtenido la mejor ratio de éxito de pronunciamientos judiciales en materia de contratación pública de su historia.

En el sector aeronáutico se ha posicionado entre las 3 primeras firmas españolas, prestando servicios a las compañías más relevantes. En el sector farmacéutico y nutricional ha asesorado a las compañías multinacionales de máxima facturación escalando peldaños en contraste con el resto de los estudios jurídicos españoles.

Hitos como su colaboración con las Facultades de Derecho, y su aportación en la elaboración de proyectos legislativos estatales y autonómicos marcan su trayectoria en este año.

El 2009 ha sido un año en el que Díez & Romeo ha crecido sustancialmente en número de profesionales, clientes y operaciones asesoradas. Según declaraciones de Paula Romeo, abogada socia,: "esta circunstancia nos ha planteado el dilema de cómo abordar un crecimiento manteniendo un servicio de calidad y alto valor diferencial. Creemos sinceramente que la clave ha residido en el esfuerzo y la creatividad de todo nuestro equipo profesional."

04/01/2010

Más de 6,5 millones de ciudadanos de más de 1.700 municipios de todas las Comunidades Autónomas ya ven exclusivamente la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Díez & Romeo, que ha participado en el proceso de legalización de emisoras de televisión, avala el balance que ha realizado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre el Plan Nacional de Transición a la TDT del que se desprende también que el 85,4% de los hogares españoles tiene acceso a los canales digitales.
La cuota de pantalla de la TDT se sitúa en el 53,4% frente al 24,9% de la televisión analógica, correspondiendo el porcentaje restante a televisión por cable, satélite y ADSL.
La transición a la TDT se completará el 3 de abril de 2010 en toda España, y ya casi el 99% de los hogares españoles asegura conocer el nuevo sistema de emisión audiovisual.

Por otra parte, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha ampliado hasta el próximo 3 de abril el plazo para solicitar la cesión de descodificadores a través del Plan de Apoyo a Colectivos en Riesgo de Exclusión durante el proceso de transición a la TDT.
Los ciudadanos que pueden acceder a este plan son personas que tienen más de 65 años con dependencia reconocida de grado II o III; población con una discapacidad auditiva o visual igual o superior al 33% y los mayores de 80 años que vivan solos o acompañados de otra persona que supere esa edad.
Las personas que cumplan estos requisitos pueden solicitar un único descodificador por hogar, siempre y cuando no dispongan ya de uno o hayan recibido otra subvención procedente de otro organismo.
Los beneficiarios del plan pueden realizar la petición en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de su municipio.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha puesto a disposición el teléfono 901 2010 04 y la web www.infoayudastdt.es para informarse sobre este plan

05/01/2010

La batalla judicial entre Interviú y Elsa Pataky acaba de escribir su último episodio. En 2007, la revista Interviú publicaba unas instantáneas de la actriz en topless, mientras se encontraba en plena sesión fotográfica en una playa mexicana para la publicación del grupo Hachette, Elle. La portada de la actriz semidesnuda multiplicó las ventas de la cabecera y obligó a la revista del Grupo Zeta a indemnizar a Elle con los beneficios obtenidos por la publicación de esa polémica portada.

La actriz también pidió medidas ante un juzgado madrileño y, en enero de 2009, el juez Juan José Escalonilla dictaminó una sentencia a su favor, que impedía que esa fotografía pudiera ser reproducida.

Tras conocerse el resultado del enfrentamiento judicial favorable a Pataky, Interviú interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid que, ahora, en su sentencia 573/2009,  ha desestimado las reclamaciones de Pataky, ha revocado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y ha dado finalmente la razón a la revista Interviú, tal y como se hace eco en su número de esta semana. 

La juez Guadalupe de Jesús Sánchez alega que las fotografías “se realizaron en una playa de libre tránsito, en la que difícilmente la actora  pudo preservar de conocimiento ajeno a las partes de su cuerpo que se reflejan en las fotografías”. La juez, ponente de la sentencia dictada por la Sección 18 de la Audiencia, concluye que “es evidente que la actora, aun cuando no lo deseara, se expuso a la vista de cuantas personas pudieran hallarse en dichos momentos en dicha playa, de libre tránsito para terceros”. 

La Audiencia de Madrid afirma con esta sentencia que las fotografías no perjudican el honor ni la reputación de la actriz y tampoco dañan su buen nombre. Al respecto de la alegación que Pataky había presentado por ganar dinero con el reportaje, la juez afirma que “el derecho constitucional a comunicar libremente información veraz no desaparece ni se debilita por le hecho de que una primicia o exclusiva aumente la tirada o la audiencia”. 

No es la primera vez que la justicia avala este tipo de situaciones. El Tribunal Supremo ya falló dos sentencias a favor de la revista en el caso del topless de Laura Ponte y María Reyes. La otra cara de la moneda la ofrece la fallecida Carmina Ordóñez y unas fotografías en topless que publicó la misma Interviú. El Tribunal Superior falló entonces a favor de la hija de Antonio Ordóñez por considerar que, cuando los paparazzi realizaron las fotografías, Carmina se encontraba en uno de esos lugares calificados como "públicos pero recónditos".

05/01/2010

El 2010 se preve como un año de subidas de precios de publicidad televisiva. En plena crisis, las cadenas aprovecharán el nuevo escenario televisivo de reducción de oferta, que dibujan las fusiones en marcha de Antena 3 y La Sexta, y de Telecinco y Cuatro, junto con la retirada de la publicidad de TVE y el definitivo apagón analógico, el próximo abril, para incrementar hasta un 20% el precio de los anuncios.

Nada más empezar el año, estas tarifas cuentan con una inflación del 10%, derivada directamente de la retirada de la publicidad del proveedor más barato, TVE, ya que la nueva ley de financiación supone que desaparezcan el 25% de los GRP (medida de los impactos publicitarios) que se negocian en el mercado.

Según los expertos, tras las fusiones del nueve, como ya se las denomina, se producirá un incremento del precio por anuncio de, al menos, un 15%, que es lo que ha subido en enero. Este aumento, según algunas centrales de medios, podría llegar a superar el 25% a partir del segundo semestre del año. Pero, por ahora, pocos anunciantes y televisiones se aventuran a negociar tarifas para los próximos meses, en los que se decidirán los flecos de las integraciones televisivas.

Negociación
Mientras que en 2009, las negociaciones se realizaban mensualmente a petición de los anunciantes, ya que se operaba en un mercado decreciente, las empresas consideran que, en 2010, son las cadenas las que tomarán el mando.

La Forta (Federación de organismos de radio y televisión autonómicos) aplica para los anuncios de enero el incremento mayor, que llega al 20%, según explican fuentes del grupo MPG. No obstante, hay que tener en cuenta que las tarifas que maneja la Forta parten de precios inferiores al resto de las principales cadenas privadas.

Antes del anuncio de la compra de Cuatro por parte de Telecinco y de La Sexta por Antena 3 TV, aún en proceso de negociación, el precio medio de los spots en televisión registró una caída de alrededor del 20%, afectado por la recesión del pasado año.

Una vez que los accionistas y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) den luz verde a la integración de las grandes cadenas privadas, las principales televisiones concentrarán el grueso de la audiencia de las cadenas con posibilidad de emitir publicidad, ya que controlarán alrededor del 90% de este mercado. Las agencias de medios y anunciantes negociarán, por lo tanto, con sólo dos compañías.

Reparto
Publiespaña (gestora de la publicidad de Telecinco, que también comercializa Intereconomía) se encargará, tras la fusión, de la venta de los espacios de Cuatro, área que quedará muy reducida en la cadena del grupo Prisa. Se prevé que algo similar suceda en la integración de La Sexta y Antena 3. La televisión del grupo Planeta gestionará la publicidad de sus cuatro canales y, previsiblemente, de los de la cadena de Mediapro, ahora en manos de Publiseis.

Telecinco se ha marcado como objetivo situar el precio de la publicidad de Cuatro en niveles más cercanos a los suyos, que aumentarán un 10% este año, lo que supone aumentar hasta, al menos, un 15% el coste de los anuncios en la cadena de Prisa.

Estrategias
Según fuentes de la agencia de medios MPG, los anunciantes podrán, por un lado, mejorar su selección de canales y poner más anuncios para tener mayor cobertura; y, por otro, cambiar el mix de medios que realizan hasta ahora, de forma que se produciría un replanteamiento de cómo se entiende la televisión hoy en día. "O se acepta el precio que fije el duopolio de Antena 3 y Telecinco, o los anunciantes optan por casarse con uno de los dos grandes grupos, lo que, por otra parte, supone renunciar a más del 30% de la audiencia, lo cual no es planteable".

Cabe esperar que las empresas, que aún acusan los efectos de la recesión, trasladen parte del gasto publicitario que realizan en la televisión hacia otros medios, como Internet, que es el único soporte que creció en 2009.

08/01/2010

El jueves, día 7 de enero de 2010, el Congreso de los Diputados ha aprobado con los votos a favor del PSOE, CiU y Coalición Canaria la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que establece un nuevo marco de regulación para el sector audiovisual. El texto, que ahora será enviada al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, ha contado con la abstención del PP y con los votos en contra del PNV y de ERC-IU-ICV. Durante la Comisión, CiU ha pactado con los socialistas que el 6% de los ingresos de las televisiones públicas estatales o autonómicas se pueda destinar, además de a producción cinematográfica, a la creación de series y miniseries. Otra de las enmiendas pactadas entre estos dos grupos es que las televisiones autonómicas podrán emitir en otras autonomías limítrofes con las que compartan "afinidades lingüísticas y culturales siempre que así lo acuerden mediante convenio" las comunidades implicadas y que "exista reciprocidad". Según el portavoz socialista, Óscar López, con este punto se da cumplimiento a una "vieja aspiración" entre Cataluña y la Comunidad Valenciana para que se puedan ver las respectivas televisiones autonómicas en las comunidades vecinas.

19 minutos de publicidad por cada hora 

Con respeto al tiempo de publicidad, la ley establece finalmente que las televisiones podrán emitir un total de 19 minutos por hora entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (cinco minutos) y telepromoción (dos minutos). Este punto ha sido modificado respecto al texto inicial del Gobierno, que contemplaba la posibilidad de emitir hasta 12 minutos de telepromoción, lo que suponía un total de 29 minutos de mensajes publicitarios. El texto también prohíbe emitir en horario infantil anuncios "que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen". En concreto, se refiere a "productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética, que apelan al rechazo social por la condición física o al éxito debido a factores como el peso o la estética".

Asimismo, el proyecto de ley establece que los contenidos que puedan ser "perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo podrán emitirse entre las 22.00 y las 6.00 horas, debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual", estando este último presente durante todo el programa.

Iniciativa difususa contra las radios sin licencia 

Parece que se va a activar un órgano (Agencia Estatal de Radiocomunicaciones) que debería de estar en funcionamiento desde el 2003, con la finalidad de indetificar y sancionar a las denominadas radios piratas. La nueva ley rescata organismos sin actividad, a propuesta de CC, para tratar de acabar con la existencia de radios piratas. Los grupos parlamentarios calculan que en España existen unas 3.000 radios piratas.

Reacciones

En nombre del PP, el diputado Miguel Ángel Cortés ha dicho que su grupo no se siente "políticamente vinculado a esta ley" y ha añadido que "sólo un juez y no un órgano administrativo debe poder cerrar un medio audiovisual". Cortés ha pedido al PSOE que garantice que los internautas, los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los operadores de telecomunicaciones están excluidos del alcance de esta ley y, por lo tanto, de su régimen sancionador. Así, ha reclamado que se garantice la libertad de "los blogs, las redes sociales, la páginas y el intercambios de contenidos audiovisuales entre internautas" y que éstos puedan funcionar "sin temor a una sanción de hasta un millón de euros o al cierre". El representante de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha afirmado que la ley consolida un mercado "oligopólico", favorece a las televisiones privadas y "margina" a la radiotelevisión pública. "Están más protegidos los derechos de los productores y los de las televisiones privadas que los de los ciudadanos", ha sentenciado. El PNV ha reclamado en sus enmiendas, entre otras cosas, que se garantice el respeto a todas las lenguas del Estado. Joan Ridao (ERC) ha denunciado el "altísimo grado de servilismo del Gobierno hacia algunos grupos de comunicación" y le ha acusado de estar realizando "un auténtico desguace del sector público audiovisual" que con el tiempo acabará por "hundir" los índices de audiencia de TVE. De su lado, la representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha manifestado que queda sin resolver la protección de los menores canarios, quienes, debido a la diferencia horaria, sólo estarán protegidos hasta las 21.00 cuando la ley fija que debe ser hasta las 22.00. Para acabar con esta discriminación propuso que el horario de protección infantil se amplíe hasta las 23.00 horas en la península o que a las 10 de la noche las cadenas nacionales que emitan en Canarias realicen una desconexión.

Duras críticas a la forma de tramitación

Las formaciones del PP, PNV, ERC-IU-ICV y BNG han criticado al PSOE por la forma en la que se ha tramitado la norma, ya que se consideran que se ha realizado de forma "exprés", "casi clandestina", y "huyendo del consenso y del diálogo" con los grupos parlamentarios y con los agentes implicados, "salvo Uteca" (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas). El portavoz socialista, Óscar López, ha calificado de "duras e injustas" las críticas y recalcó que la norma "no se ha tramitado con carácter de urgencia, el plazo de enmiendas se ha ampliado cuatro veces y al texto se han incorporado 55 enmiendas transaccionales". Además, ha defendido que el Gobierno y el Grupo Socialista han mantenido "decenas de reuniones" con los colectivos implicados y fruto de ese "diálogo" nace una ley "equilibrada". Además, celebró que en los primeros días de enero, TVE -que ya no emite publicidad- "siga siendo líder indiscutible e incontestable de audiencia".

14/01/2010

Se trata de un órgano público independiente, demandado por expertos y profesionales, que velará por los valores constitucionales y legales en el sector
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado 12 de enero la Lista de Evaluación del Consejo Canario del Sector Audiovisual, lo que supone el primer paso para el desarrollo del anteproyecto de Ley del Consejo Canario del Sector Audiovisual para la creación de una autoridad independiente que vele por el respeto y cumplimiento en Canarias de los valores, principios y preceptos constitucionales, estatutarios y legales que rigen la actividad de este importante segmento económico y sociocultural.Este órgano, ampliamente reivindicado por expertos y profesionales del sector en documentos como el Libro Blanco del Audiovisual Canario (2007) o la Declaración de la I Cumbre del Audiovisual de Canarias (2009) y respaldado por la resolución del Parlamento de Canarias sobre el audiovisual como sector estratégico (2009), tendrá por cometido garantizar el derecho de los ciudadanos a una información veraz, objetiva e imparcial; garantizar la libertad de expresión; asegurar el pluralismo; velar por el respeto de igualdad ante la Ley, la protección de la juventud y de la infancia, la promoción de los intereses de Canarias, el fomento de la unidad de las Islas o el cumplimiento de la normativa reguladora del sector audiovisual, en especial en lo que se refiere a la publicidad.De esta forma, la Comunidad Autónoma de Canarias se suma a otras como la andaluza, la navarra o la catalana, que disponen desde hace años de órganos de similares características para la supervisión y coordinación del sector audiovisual.El Consejo Canario del Sector Audiovisual estará integrado por siete consejeros, cinco de los cuales serán elegidos por el Parlamento de Canarias y dos por el Ejecutivo para un mandato de seis años. Su consideración será la de organismo de Derecho Público independiente, con personalidad jurídica propia, con plena capacidad, y autonomía orgánica y funcional, para garantizar su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, como asesorar al Parlamento, al Gobierno y a las corporaciones locales en su materia; informar preceptivamente de cualquier proyecto de disposición del Parlamento o Gobierno; informar con carácter preceptivo sobre las propuestas de las mesas de contratación de concursos; velar por el cumplimiento de los valores, principios y preceptos constitucionales, estatutarios y legales que rigen esta actividad; promover actuaciones que favorezcan la cohesión social y la lucha contra las discriminaciones o ejercer la potestad inspectora y sancionadora en este ámbito.El número de empresas de actividades cinematográficas y de vídeo registradas en Canarias a 1 de enero de 2009 era de 247, el doble que en 1999, cifra que se eleva a 3.128 si se consideran todas las actividades contempladas en el Libro Blanco, lo que supone un crecimiento del 66% en los últimos 10 años y un 4,1% de la participación del Archipiélago en el total del Estado.En función de la información de la clasificación de las empresas por estratos de asalariados, el sector audiovisual canario emplearía a cerca de 6.000 personas, es decir un 28% más que en 1999 y casi un 1% de todo el empleo canario en 2008.

19/01/2010

La sección Primera de la Audiencia Nacional ha comunicado a la Asociación de Internautas (AI) la admisión a trámite del recurso contencioso administrativo por conflicto de intereses de la ministra de Cultura Angeles González- Sinde, informa la entidad en un comunicado.
La Asociación pone fin así a la vía administrativa y da comienzo a un nuevo proceso, ahora en los tribunales de justicia, que esperan que "prospere" antes de que la titular de Cultura "ya no sea ministra, pues el recurso habrá perdido su objeto, el Gobierno habrá ganado y la Asociación de Internautas habrá perdido", señala el comunicado.
La AI presentó el 3 de junio de 2009 ante la Oficina de Conflicto de Intereses una denuncia contra González-Sinde por entender que existía una situación de conflicto de intereses privado con el cargo, "y que lejos de inhibirse como es preceptivo, según aparece publicado en el BOE, ha dispuesto de diversas ayudas a la industria cinematográfica por un valor total de 8.000.000 euros. Posteriormente la denuncia fue ampliada hasta en dos ocasiones por persistir en dicha actitud", señala la AI.

Código del buen gobierno
Los internautas recuerdan que el pasado 28 de julio "la Oficina de Conflicto de Intereses rechazó de plano la denuncia, que hacían papel mojado las promesas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en el primer año de legislatura adoptó una serie de medidas tendentes a la proclamación de los principios que debían regir las actuaciones del Gobierno, principios que no solo debían de ser éticos sino jurídicamente exigibles".
La AI apunta que el Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005 adoptó un Acuerdo por el que se aprobaba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado según el cual define lo que se debe entender por conflicto de intereses diciendo que éste existe "cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas".
La AI recuerda también que el objeto de su denuncia es "la existencia de una situación de conflicto que pone en riesgo la imparcialidad de la actual ministra de Cultura y, por lo tanto, tiene la obligación de inhibirse" y aclara que "en ningún caso" afirman "que haya realizado actos en beneficio propio, o de sus parientes". "Si así fuese estaríamos en un supuesto cuanto menos de prevaricación, de tráfico de influencias o de corrupción, algo que excede el ámbito de la presente denuncia y corresponde a la Sala II del Tribunal Supremo", añade.

19/01/2010

La industria editorial alemana ha presentado una querella contra Google por no pagar derechos a diarios y revistas a cambio del uso de su material en el servicio de búsqueda de noticias. Los medios de comunicación exigen un cobro por sus contenidos, así como información detallada sobre los criterios que, en la búsqueda de una noticia, hacen prevalecer el contenido de unos medios sobre el de otros.
La Confederación Alemana de Editores de Periódicos (BDZV) calcula que la publicidad adjuntada al material informativo de las búsquedas de Google News genera al año en Alemania unos 1.200 millones de euros, un pastel del que querrían, al menos, una porción.

Tras una atenta observación, considera también que Google no está llevando a cabo búsquedas que respeten los criterios del 'fair search' y que se da prioridad a unos medios sobre otros, por lo que solicita una mayor transparencia.

La Oficina Federal Alemana Antimonopolio ha reclamado recientemente a Google que se posicione antes de estudiar la apertura de un expediente. Esta oficina ha recibido ya otras dos denuncias presentadas por la filial de Microsoft Ciao y la empresa de cartografía por internet Eurocities. Ciao considera que Google ha violado el contrato para la publicidad online de AdSense en las páginas webs de terceros y Eurocities considera desleal la oferta gratuita de mapas del gigantes estadounidense.

La ministra alemana de Justicia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, se ha mostrado por su parte muy crítica con Google, afirmando que "está acumulando demasiado poder e información sobre los ciudadanos. El buscador está creciendo y adquiriendo la forma de un monopolio gigante, similar a Microsoft".

En una entrevista publicada por el semanario 'Der Spiegel', la ministra alemana declaraba: "Mi primera reacción no es prohibirlo o detenerlo. Pero si me gustaría que hubiese más transparencia y garantizar que los usuarios sepan lo que está ocurriendo con sus datos. Es obligación de las empresas llevarlo a cabo. Se tienen que mejorar muchas cosas todavía en este ámbito. Si eso no sucede pronto, tendremos que actuar como legisladores".

Fuente: Rosalía Sánchez (El Mundo, 18-1-2010)

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