El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado el concurso por el que la Televisión Autonómica Canaria adjudicó en 2008 la gestión de sus informativos a la empresa Videoreport, debido a la exclusión de otro licitante, Socater.

Este Juzgado ha dictado dos sentencias, hechas públicas el pasado 4 de mayo, que cuestionan la legalidad del contrato firmado por Radiotelevisión Canaria (RTVC) con Videoreport tras el cambio de gestión introducido en la cadena cuando se decidió sacar a concurso la gestión de informativos, publicidad y programas en tres lotes diferentes.

La primera de esas sentencias falla que RTVC vulneró la ley cuando en 2007 declaró desierto el concurso de adjudicación de los informativos, al que solo se había presentado la Sociedad Canaria de Televisión Regional (Socater), empresa participada por Prisa que le venía proporcionando contenidos desde el inicio de sus emisiones.

RTVC argumentó su decisión en una supuesta falta de aceptación por parte de Socater de las condiciones del concurso, porque en su oferta advertía de que sólo se haría cargo de la producción de los servicios informativos si también se le adjudicaba otro lote.
La juez Esperanza Ramírez considera que esa decisión fue "desproporcionada" y recuerda que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas determina que toda aquella empresa que se presenta a una licitación acepta, por el mero hecho de hacerlo, la totalidad de las condiciones del concurso de manera incondicional.

La sentencia sostiene que el hecho de que Socacer dijera que sólo asumiría los informativos si también se le contrataba otro lote "de ninguna manera vulnera" el pliego del concurso y que, lo "más lógico", es que RTVC hubiera tenido "por no puesta" esa cláusula y hubiera presumido que esta empresa aceptaba todas las condiciones.

La segunda sentencia se deriva directamente de la primera, ya que anula la adjudicación a Videreport en el concurso de 2008 por no observar motivos para que se declarara desierto el de 2007.

Contra estas dos resoluciones, tanto RTVC y Videoreport, como el Gobierno canario, que tiene la condición de codemandado en este litigio, pueden presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)

Fuente: ABC

Nuevo Ejecutivo en Francia encabezado por Jean-Marc Ayrault, y nueva ministra de Cultura. Aurélie Filippetti es la antítesis de su predecesor, Frédéric Mitterrand, y es una enemiga declarada de la controvertida ley antidescargas francesa, que prevé cortar Internet a los reincidentes.
Tal y como publica hoy el blog especializado Nación Red, Filippetti, escogida por el primer ministros Jean-Marc Ayrault para la citada cartera, no sólo está en contra de la ley Hadopi, sino también del ACTA, el polémico tratado internacional antipiratería firmado hace meses en bloque por la UE, y que aún ha de ser ratificado.

De hecho, en un post publicado el pasado mes de febrero, la ahora ministra (junto con Fleur Pellerin, nueva ministra de PYMES, Innovación y Economía Digital) arremete contra el ACTA y pide al Parlamento Europeo que lo rechace, al subrayar su "compromiso con la libertad de expresión" así como con "el principio de la neutralidad de la red", frente a la posibilidad de que se permita una vigilancia en la Red en busca de contenidos 'pirateados'.

Asimismo, la nueva ministra de Cultura, en la línea del presidente Françoise Hollande, se ha mostrado repetidamente en contra de la controvertida ley antipiratería, conocida como Ley Hadopi por el organismo que aplica las sanciones (tres avisos y desconexión de Internet para los más reincidentes).
Mientras que el propio Hollande ya prometía antes de ser elegido presidente de la República que iba a suprimir la norma por "una ley más consecuente" ("la cultura a domicilio no puede ser considerada como una amenaza, sino al contrario como un impulso a la difusión y el conocimiento compartido", afirmó), Filippetti afirmaba poco después y sin dudar que "el fin de Hadopi es una victoria para la creación".

No obstante, Hollande ha sido criticado por la falta de planes sobre el mundo digital en su programa electoral, más alá de un "pacto para la creación digital". Y sobre la mesa está el espinoso asunto de la remuneración de los derechos de autor. ¿Cómo defender dicha remuneración desde el punto de vista normativo?

Lo cierto es que, según la propia ministra, Hadopi no ha mejorado la remuneración de los creadores, y además ha enfrentado al público contra los artistas por su impopularidad. Ella se ha mostrado partidaria de una licencia que permita al usuario (por ejemplo, a los estudiantes) acceder a contenidos a cambio de una cuota mensual de unos pocos euros
 

El Tribunal Constitucional ha denegado sendos recursos de amparo de la Televisión Autonómica Valenciana y Canal Mundo Producciones Audiovisuales contra la condena que les impuso el Tribunal Supremo por un programa con imágenes grabadas con cámara oculta.

El programa, producido por Canal Mundo Producciones Audiovisuales, lo emitió Canal 9 el 3 de mayo de 2002 y se titulaba 'Mundos del más allá'. En él se incluían varios reportajes grabados con cámara oculta sobre pseudociencias. El Constitucional se ratifica en los argumentos del fallo que hizo público el pasado enero sobre este mismo uso de una cámara escondida.

"Con independencia de la relevancia pública de la información que se pretenda obtener y difundir, la captación videográfica inconsentida de imágenes mediante la utilización de cámaras ocultas para su posterior difusión, también inconsentida, en que aparezca plenamente identificado el afectado, no resulta necesaria ni adecuada, desde la perspectiva del derecho a la libertad de información ñart. 20.1 d) CEí, al existir, con carácter general, métodos de obtención de la información y, en su caso, una manera de difundirla en que no queden comprometidos y afectados otros derechos con rango y protección constitucional”, afirma la sentencia publicada.

Según el TC, ha quedado acreditado que los demandantes de amparo produjeron y emitieron, respectivamente, unas imágenes grabadas con el método de cámara oculta en que se observaba cómo dos periodistas se hacían pasar por potenciales clientes de la consulta de parapsicología de la persona que interpuso la primera demanda, con la finalidad de hacer pública y denunciar la existencia de prácticas supuestamente fraudulentas en el campo de la parapsicología.

Las imágenes, tal como también han declarado probado las resoluciones judiciales, se obtuvieron y reprodujeron sin el consentimiento de la persona afectada y su emisión se efectuó reproduciendo la representación de su aspecto físico sin matiz alguno, de manera que era patente la cognoscibilidad de la persona grabada.

"Debe concluirse que no se ha producido la vulneración aducida por los recurrentes de su derecho a la información (...) no solo porque el método utilizado para obtener la captación intrusiva –la llamada cámara oculta– en absoluto fuese necesario ni adecuado para el objetivo de la averiguación de la actividad desarrollada, para lo que hubiera bastado con realizar entrevistas a sus clientes, sino, sobre todo, y en todo caso, porque, tuviese o no relevancia pública lo investigado por el periodista, lo que está constitucionalmente prohibido es justamente la utilización del método mismo (cámara oculta) por las razones que antes hemos expuesto".

Fuente: Servimedia

En el día de hoy, la Xunta de Galicia y la Región de Murcia han declarado los  concursos públicos el otorgamiento de licencias para la prestación del servicio de comunicación radiofónica desiertos. Ambas CCAA basan sus razonamientos en incompatibilidades derivadas de la nueva legislación audiovisual, aunque con ciertos matices.

I.- La cuestión de Galicia.-

El ejecutivo gallego toma esta decisión tras la entrada en vigor, el día 3 de abril, del Decreto 102/2012, de 29 de marzo, por el que se desarrolla el servicio de comunicación audiovisual radiofónica en el ámbito de la Comunidad gallega.
Esta normativa prevé, en su disposición última, la posibilidad de declarar desierto los procedimientos para el otorgamiento de licencias que se encuentren en tramitación, en el caso de existir incompatibilidad entre el régimen previsto en las bases de la convocatoria y el régimen previsto en el mismo decreto.
Este es el caso del concurso público para el otorgamiento de licencias FM en la Comunidad Autónoma de Galicia, que estaba en proceso de tramitación.

II.- Las razones de la Xunta.-

1.- Emisoras de carácter comercial: Denominación incorrecta.
El Consello de la Xunta decidió declarar desierto este concurso para evitar una posible situación de inseguridad jurídica, fundamentándose en una serie de incompatibilidades entre las bases de dicho concurso y el decreto de comunicación audiovisual radiofónica.
En este sentido, en primer lugar tuvo en cuenta el criterio del dictamen emitido en su día por el Consello Consultivo de Galicia sobre el mencionado decreto, que consideraba que la denominación ”emisoras de carácter comercial” no es correcta, dado que impedía concurrir a aquellas entidades que no tuviesen ese carácter. Entidades sin ánimo de lucro o Universidades públicas tenía vedada su participación.

2.- La desestimación del Decreto no casa con la caducidad de las bases
Por otro lado, también se observaba una incompatibilidad entre el régimen jurídico de desestimación previsto en el decreto y el régimen jurídico de caducidad establecido en las bases del concurso. De este modo, los supuestos para entender rechazadas las ofertas tienen naturaleza jurídica distinta., ya que no es lo mismo la caducidad que la desestimación.

3.- El concurso sólo versaba sobre radio analógica.
Entre otras incompatibilidades, se tuvo en cuenta que, mientras que las bases del concurso limitaban a prestación de servicios la tecnología analógica, el decreto abre la posibilidad de usar cualquier tipo de tecnología, bien de tipo digital o de otra naturaleza.
El advenimiento de la televisión y radio conectada, así como con las nuevas aplicaciones en la radiodifusión exige una regulación que no contenían las bases del concurso.

III.- El caso de la Región de Murcia.-

Lo de Murcia era una decisión esperada por todo el sector, tras la declarar Valencia el concurso desierto. Se da así oficialidad al informe técnico que elaboraron los servicios jurídicos de la Región de Murcia ante la situación generada por dos fenómenos: (i) un retraso excesivo en la resolución, se convocó en marzo de 2007; y (ii) la modificación del escenario radiofónico con la aprobación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.

IV.- Las razones similares a las de Valencia.-

En Murcia, se observan dos grandes razones que motivan el resultado de un concurso desierto: (i) la disminución o desaparición de la capacidad y la solvencia de las licitadoras; y (ii) la existencia de proyectos obsoletos de emisoras de radio FM.
Con ello se puede percibir que la capacidad de las licitadoras ha quedado mermada o desaparecida, dado el tiempo transcurrido: más de 5 años. De ahí que la actual solvencia no pueda coincidir con la existente en el momento de la presentación de las proposiciones

Por otro lado, se aprecia una incompatibilidad entre las bases que regulaban los aspectos del concurso y la nueva regulación audiovisual emanada tras la publicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Esa falta de adecuación a la nueva normativa resulta imposible de casar con la propuesta de adjudicación que ya tenía la Mesa de Contratación en Murcia, de ahí que se haya optado por declarar desierto el concurso.

V.- Posibles recursos y nuevo concurso en los próximos 6 meses.-

Ahora algunos licitadores se plantean acciones legales por los daños y perjuicios que podría haber causado las expectativas de estar concursando para unas resoluciones tan insatisfactorias.

En cualquier caso, las garantías comenzarán a ser devueltas en un plazo corto de tiempo con el fin de no incrementar el daño ocasionado.
Todo apunta a que en los próximos meses se convocará rápidamente un nuevo concurso público en Murcia y en Galicia, tal y como lo hiciera Valencia. Lo que se trata de aclarar es si se volverán a exigir garantías para participar. Parece que en Murcia no, pero en Galicia aún se mediata sobre ello. No obstante, los precedentes indican que no, ejemplos como Valencia, Castilla y León, Extremadura (en la TDT) dan buena cuenta de ello.