La Dirección de Investigación de la CNC tuvo conocimiento, a través del "Expediente informativo para analizar las causas que están provocando los retrasos surgidos para contratar el suministro con un comercializador libre" que la CNE le remitió el 30 de julio de 2010, de que ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. habría transformado la situación contractual de determinados clientes sin derecho a acogerse a la tarifa de último recurso (en adelante, TUR), sujetos transitoriamente a la aplicación de un precio regulado en virtud del artículo 3.2 del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.

La Dirección de Investigación de la CNC acordó la incoación de expediente sancionador (S/0304/10 Endesa) contra ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. por una posible vulneración del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, por transformar, sin recabar previamente el consentimiento expreso, la situación contractual de determinados clientes sin derecho a acogerse a la tarifa de último recurso, aplicándoles unas condiciones contractuales para el suministro de electricidad diferentes a las que corresponderían transitoriamente según el artículo 3.2 del RD 485/2009.

Previamente, el 1 de julio de 2010, la Dirección de Investigación de la CNC había incoado un expediente por hechos parecidos contra lberdrola a raíz de una denuncia interpuesta por Gas Natural Servicios SDG, S.A. Este expediente (S/0213/10 Iberdrola Sur) se resolvió en febrero de este año, declarando a Iberdrola responsable de una infracción del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia e imponiéndole una multa de más de 10 millones de euros.

Estas conductas se enmarcan en el proceso de liberalización del suministro eléctrico y, en particular, del traspaso de los clientes con menor disposición al cambio al mercado libre. A este respecto, el legislador ha adoptado disposiciones normativas específicas para facilitar el acceso de estos clientes al mercado, como son el Real Decreto 485/2009 y la Orden TC/1659/2009. Tales disposiciones incluyen especiales cautelas que pretenden que las compañías verticalmente integradas no desarrollen estrategias que tiendan a fidelizar a los clientes o a forzar su permanencia en el seno del grupo como consecuencia de asimetrías en la información.

En este contexto de migración de los clientes del suministro a tarifa al mercado libre, de acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la Orden ITC/1659/2009 es necesario el consentimiento expreso del cliente para el cambio. Desde noviembre de 2009 a octubre de 2010, la comercializadora de último recurso de ENDESA orquestó el traspaso al mercado libre de clientes sin derecho a TUR a los que estaba suministrando transitoriamente a tarifa regulada con penalización sin recabar su consentimiento expreso.

El Consejo de la CNC considera en su Resolución que esta conducta, que ha afectado a más de 300.000 clientes, infringe el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia. Se trata de una violación de normas que constituye un acto desleal que falsea la competencia y es susceptible de afectar al interés público.
El Consejo de la CNC destaca en su Resolución que dicha infracción se produjo en un momento en el que la liberalización del mercado minorista de suministro de electricidad iba a desplegar todos sus efectos y en el que el legislador pretendía dar al resto de los comercializadores una oportunidad para competir por los clientes dinamizando el mercado.

Voluntariamente y con el firme propósito de cumplir las mínimas indicaciones que recoge el Código de Conducta sobre Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego. Esta es la intención de las más de sesenta empresas que se han adherido al Código de Autorregulación promovido por la Dirección General de Ordenación del Juego y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), entre ellas, casi todos los operadores del juego online, las televisiones, las agencias de publicidad, los medios de comunicación y las asociaciones del sector.

Están prácticamente todos los protagonistas lo que supone un inicio para comenzar a ordenar una actividad que hasta el momento carecía de control. La falta de un marco normativo claro se ha dejado notar en esta última semana y media. Desde que se concedieron las licencias el día 1 de junio y se abrió el mercado regulado, el día 5, las publicidades en prensa y, sobre todo, en radio se han visto limitadas por las propias empresas.

Era necesario esperar a la firma de este documento que no sólo supone una declaración de intenciones, sino que por ahora es la base normativa que deben utilizar las empresas para orientar sus campañas y la que empleará la DGOJ para perseguir las prácticas que no se ajusten al articulado del texto.
El Código definitivo es algo más flexible que el presentado en un primer momento y por eso quizás ha logrado el apoyo de una gran mayoría de los operadores. Se centra en la protección de los menores y las limitaciones horarias, identificando al organismo de consulta previa y los trámites que se seguirán para evaluar las campañas y denunciar las prácticas contrarias a la norma.

Además establece una comisión de seguimiento estará compuesta por representantes de todos los sectores, la Dirección General del Juego, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Autocontrol que será la encarga de valorar el funcionamiento y establecer las nuevas necesidades que vayan surgiendo.

Junto al anuncio de la firma del Código de Autorregulación, la DGOJ también ha hecho públicos los modelos normalizados para la comunicación de datos al Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego. Aquí deberán inscribirse los datos personales de todos los accionistas, partícipes o titulares significativos de los operadores de juego, su personal directivo y los empleados directamente relacionado con el desarrollo del juego, así como sus cónyuges o familiares directos.

Por tanto, ya se pueden notificar estos datos a la DGOJ con el objetivo de evitar prácticas fraudulentas o el aprovechamiento de información privilegiada por parte de estas personas que, de alguna manera, están vinculadas con los operadores.

Fuente: OPERGAME

El pasado 5 de junio, la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria remitió el proyecto de Decreto sobre Servicios de Comunicación Audiovisual a los distintos agentes del sector televisivo y radiofónico para que puedan realizar las aportaciones que estimen conveniente.

Los  medios tienen disponen de 10 días para plantear las propuestas legislativas a incorporar en la nueva regulación autonómica. En otras CCAA como Navarra y País Vasco el trámite de información pública sirvió para que distintas entidades propusieras (i) que el rango de la norma fuera una ley en lugar de un decreto; (ii) Determinar, al menos orientativamente, el plazo fijado para los concursos públicos de TDT o Radio; (iii) precisar los criterios de valoración para evitar ambigüedades; (iv) dar audiencia a asociaciones que aglutinen a los medios en la toma de decisiones; y (v) Habilitar provisionalmente a los medios carentes de desarrollo legislativo como lo hiciera Andalucía en 2003 con la televisión local.

Diez & Romeo a analizado la propuesta de Decreto audiovisual tal y como hiciera en los supuestos anteriores.

I.- El nuevo Proyecto de Decreto.-

En mitad de la valoración de las 10 licencias de radio FM que se convocaron en el concurso público del pasos 2007, el Gobierno de Cantabria hace público este proyecto de  Decreto regulador de la actividad audiovisual con el fin de adaptarse a la nueva normativa nacida con la publicación de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual.
La propuesta de Decreto de Comunicación Audiovisual de Cantabria consta de 38 artículos estructurados en 6 capítulos donde se abordan aspectos como (i) el ámbito de aplicación; (ii) el régimen jurídico de las emisoras y televisiones comerciales; (iii) la particularidad de las televisiones y radios comunitarias sin ánimo de lucro; (iv) las nuevas características procedimentales del sistema de títulos habilitantes para gestionar radio FM (Licencias y Comunicaciones Previas); (v) La actividad inspectora del Gobierno de Cantabria; (vi) El régimen sancionador; y (vii) el Régimen del Registro autonómico de Prestadores del Servicio de comunicación audiovisual de Cantabria.
La incorporación de 1 disposición adicional, 1 disposición final y 1 disposición transitoria cierra el régimen legal propuesto por el ejecutivo cántabro.
Del análisis de la nueva regulación, destacan dos particularidades específicas: (i) las operadores deberán someterse plenamente a todo el régimen jurídico referente a las inspecciones audiovisuales regulado entre los artículos 21 y 22. Se instituye un respaldo más a las actuaciones de la autoridad audiovisual cántabra en el control de las emisiones. Y (ii) se articula en medio de la tramitación de un procedimiento de análisis de concesiones de radio basadas en una regulación desfasada.

II.- Un avance de cómo serán los futuros concursos.-

El texto destina una gran parte de su articulado a reglamentar como será el otorgamiento de las nuevas licencias audiovisual.  Los medios que utilicen las ondas hertzianas tendrán que pasar por un concurso público si quieren obtener licencia para operar.
El escenario legal planteado en el Decreto avanza con cierto detalle los pormenores relacionados con: (i) la capacidad de obrar, (ii) la documentación a aportar por los licitadores (Sobre 1 donde se recoge la documentación administrativa y Sobre 2, conformado por la Oferta Técnica), (iii) los criterios de valoración, que al menos, deberán ser:
• Características de la emisión y programación
• Viabilidad económica y estructural de la emisora
• Características técnicas y operativas del proyecto
• Compromiso de no transmitir la licencia
• Aportación de pluralidad de la oferta de prestadores de comunicación audiovisual

En relación con lo composición de la Mesa de Valoración, se establece que estará formada como máximo por 7 miembros, con la presencia de un letrado experto en la materia adscrito a la Dirección General del Servicio Jurídico. Igualmente, habrá un interventor y un Facultativo, todos ellos propuestos por la administración. También se prevé la posibilidad de acudir a asesores externos para evaluar los proyectos técnicos de radio y televisión. En el caso de que alguna de las ofertas no alcance los umbrales mínimos de puntuación se podrá declarar desierta la licencia a la que se licite. Una vez analizados los proyectos, se formulará propuesta de adjudicación de licencias.

El plazo que se tiene para notificar la resolución de los concursos será de 6 meses, al igual que en todas las convocatorias previas.

La función inspectora está igualmente detallada con una especial mención al contenido que deben tener las actas de inspección levantadas por los funcionarios del Gobierno de Cantabria. Sino consta el contenido legal establecido la labor de los inspectores será anulada.

El régimen sancionador está contemplado en el proyecto de un modo particular, ya que se prevé la suspensión de las emisiones que no gocen de la preceptiva licencia. Se fija  como obligación registrar todos los programas y comunicaciones comerciales emitidas bajo pena de sanción de no hacerlo.

Por ultimo se fija el Registro autonómico de Prestadores del Servicio de comunicación audiovisual de Cantabria, donde se deberán de inscribir las entidades provistas de licencias. El registro se estructurará conforme al siguiente sistema: (i) libro de inscripción de prestadores de servicios de comunicación radiofónica por ondas terrestres; (ii) libro de inscripción de prestadores de servicios de comunicación televisiva por ondas terrestres; y (iii) libro de inscripción de prestadores de servicios de comunicación audiovisual sujetos al deber de comunicación previa.

III.- Cantabria da un paso de gigante en la adecuación a la nueva legislación

La finalidad del proyecto de Decreto sobre  servicios de comunicación audiovisual en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, es la de adecuar la legislación cántabra al nuevo régimen jurídico instaurado con la promulgación de la Ley, 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA).
Al igual que Canarias, Navarra, País Vasco y Galicia, Cantabria se adhiere a esta nueva configuración normativa del sector audiovisual televisivo y radiofónico. A partir de ahora, la regulación estará presidida por cinco principios vertebradores.

1.- Liberalización del sector audiovisual radiofónico.
Se produce una modulación en el régimen de los servicios de comunicación radiofónica de carácter comercial y comunitario, dado que pasan de ser servicios públicos esenciales a servicios de interés general prestados en régimen de libre concurrencia.

2.-Se reducen las licitaciones a las licencias radiofónicas que usen el espectro
El proyecto de Decreto trae consigo la limitación de la exigencia de concursos públicos para obtener las habilitaciones, puesto que tan sólo aquellas actividades audiovisuales que requieran la utilización de las ondas hertzianas serán objeto de licitación. Todas las demás tan sólo precisarán una comunicación previa.

3.- Modificación formal de la vigencia de las licencias: 15 años
La nueva vigencia temporal de las licencias audiovisuales de radio y TDT cántabras cambia sustancialmente, ya que a tenor del nuevo Decreto tendrán una duración de 15 años, en lugar de los 10 anteriores.

4.- No aplicación de Legislación de Contratos Públicos.
Al igual que en el resto de CCAA que han adaptado su régimen audiovisual, Cantabria no aplicará la legislación de contratos del Sector Público a los concursos de licencias de Radio FM y TDT que se convoquen. Desde ahora el Decreto, la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria serán los hitos a tener en cuenta para la interpretación del desarrollo de las nuevas licencias.

5.- Más capacidad de transmitir licencias
Lo que supone más facilidad para que los titulares de licencias en Cantabria las puedan vender o alquilar una vez transcurridos 2 años. En este sentido la autorización ya no es discrecional sino reglada. Es decir, si cumples con los requisitos, la administración no se puede negar.

El presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Ramon Font, ha presentado su renuncia al cargo para facilitar la reforma legal aprobada por el Parlamento, que prevé la elección del presidente de la institución por la vía parlamentaria.

El presidente del CAC ha informado de su renuncia al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert. Asimismo, el resto de miembros del Consejo han sido informados en el Pleno celebrado hoy, día 20.

Ramon Font fue nombrado el 27 de enero de 2009 mediante acuerdo del Gobierno de la Generalitat, una vez escuchada la opinión favorable del Consejo, por un período de 6 años, según establecía el artículo 4 de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña.

El artículo 2 de la Ley catalana 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de diversas leyes en materia audiovisual modificó dicho artículo 4 en el sentido de que el presidente o presidenta del Consejo será elegido por el Parlamento de entre los seis miembros que integran el Consejo.

Dado que el 30 de junio se produce una renovación parcial de miembros del Consejo por finalización de su mandato establecido legalmente, el presidente del CAC ha considerado oportuno facilitar la adecuación de la institución a la legalidad vigente en cuanto al nombramiento del presidente por parte del Parlamento.

La renuncia al cargo de presidente tendrá efectos a partir del día de la elección parlamentaria del nuevo presidente.