• El uso de los Drones, uno de los regalos estrella de estas Navidades, puede dar lugar a la imposición de sanciones administrativas de bastante entidad. Los Drones, son catalogadas como aeronaves pilotadas por control remoto (RPAs), así lo define la normativa aeronáutica que está siendo aplicada por la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA).

    En consecuencia a los vuelos recreativos (hobby) con drones están completamente prohibidos en zonas urbanas o sobre aglomeraciones de personas como parques, jardines públicos o privados, calles, playas, conciertos, bodas o manifestaciones. No se puede volar el Dron de noche, ni cerca de aeropuertos y aeródromos, ni en zonas de parapente, paracaidismo o helipuertos. La AESA señala claramente en su web que "Sólo se pueden volar los drones en zonas adecuadas para ello, como son las zonas de vuelo de aeromodelismo, zonas despobladas, etc.". Y siempre de día, con el dron a la vista en todo momento y a una altura menor de 120 metros.

    Con la entrada en vigor del Real Decreto 8/2014, de 4 de julio, la AESA ha abierto 24 expedientes sancionadores en España contra operadores y usuarios de drones. Las multas suman un importe total de 185.500 euros. La sanción más baja que ha impuesto AESA en este campo es de 300 euros. Y la más alta, de 21.000 euros. Las principales causas de sanción es no ser un operador habilitado y el sobrevuelo de zonas no permitidas.

    AESA en su registro de operadores tiene inscritos a 940 empresas en España con habilitación para poder operar drones y realizar «actividades aéreas de trabajos técnicos o científicos», la gran mayoría para fotografía o filmaciones aéreas. También se usan para la minería, la obra pública, la restauración de edificios o el control de plagas.

    El uso de un dron para vuelos recreativos o por hobby no precisa de habilitación por la AESA, pero debe cumplir unas normas de seguridad, y por eso los daños y perjuicios que ocasionen las RPAs son responsabilidad de quien lo maneja. Todo ello sin perjuicio de las sanciones, fijadas por el artículo 55 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

    Para las personas físicas las sanciones leves oscilan entre 60 euros y 45.000 euros. Las graves van de 45.001 a 90.000 euros. Y las muy graves van de 90.001 a 225.000 euros. Para las personas jurídicas, las sanciones leves se mueven entre 4.500 y 70.000 euros. Las graves, de 7.001 a 250.000 euros. Y las muy graves empiezan en 250.001 euros y pueden llegar a los 4,5 millones de euros.

    La restricción al vuelo incontrolado de drones tiene en EEUU un exponente. Desde el 21 de diciembre de 2014, cualquier ciudadano estadounidense que tenga un dron de entre 250 gramos y 25 kilos ha de registrarlo antes de empezar a usarlo en el exterior. De lo contrario, se enfrenta a multas de hasta 250.000 dólares y tres años de cárcel.

    Fuente: El Levante

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  • La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) señaló hoy entre sus principales demandas para la próxima legislatura la reforma de la Ley Audiovisual y una "equidad" de trato con las 'telecos' que operan en el negocio televisivo.

    La patronal que agrupa a las principales cadenas de televisión en abierto de ámbito estatal difundió un comunicado en el que desgrana sus "propósitos" para los próximos cuatro años, en los que espera que el nuevo Gobierno "afronte de una forma racional, eficaz y beneficiosa para el interés general importantes retos para este sector".

    En primer lugar, aboga por la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) que se aprobó en 2010 en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A su juicio, se trata de una norma que "nació anticuada y que se ha mostrado claramente insuficiente para garantizar la estabilidad jurídica de las televisiones".

    Muestra de ello, asegura que son "el innecesariamente demorado proceso de liberación del Dividendo Digital y las vicisitudes jurídicas originadas por defectos normativos que llevaron al cierre de nueve canales de TDT y que pusieron en peligro otros ocho".

    Uteca apuesta por una reforma "que fortalezca el régimen de licencias, eliminando limitaciones innecesarias y asegurando la reserva a los licenciatarios del espectro radioeléctrico necesario para ofrecer a los ciudadanos un servicio de televisión de alta calidad, con capacidad para abordar las evoluciones tecnológicas en el marco de una opción gratuita".

    "Igualdad de trato"

    Las televisiones en abierto también aluden a sus competidoras en el pago, las teleoperadoras y sus compromisos legales. "Con la irrupción de nuevos actores que compiten directamente con la TDT por audiencia, contenidos y mercado publicitario, parece más que razonable demandar una revisión crítica de las condiciones exigidas a esas plataformas alternativas", sostiene Uteca.

    La entidad que preside Luis Enríquez cree que la neutralidad tecnológica debe llevar aparejada la equidad en las obligaciones, tanto económicas como de funcionamiento, y por ello, "es necesaria una reforma que prevea la igualdad de trato para todas las formas de distribución, sean abiertas o de pago, -porque el mercado de oferta de los contenidos audiovisuales es único, más allá de diferencias tecnológicas- considerando la incompatibilidad entre la financiación mediante publicidad con otras fuentes como presupuestos públicos o cuotas de suscripción".

    En cuanto a la obligación de las televisiones de destinar un 5% de sus ingresos a la financiación de películas (6% en el caso de TVE y las autonómicas), también pide una revisión.

    Uteca se queja de que el denominado 'canon del cine' es una norma "que no tiene carácter general en Europa", que "se encuentra cuestionada jurídicamente al haberse manifestado dudas sobre su constitucionalidad por el Tribunal Supremo? y que "limita a las productoras de las televisiones la condición de tales relegándolas a una condición de meras financiadoras".

    "Esta anomalía", apunta el comunicado, "hace urgente y necesaria una revisión de la Ley del Cine que otorgue a las televisiones un trato de equidad en obligaciones y derechos con las productoras cinematográficas integradas en grupos audiovisuales calificados como independientes".

    'No' a la publicidad en TVE

    Uteca también espera para esta legislatura una "revisión general" de la Ley de Protección Intelectual "que la adapte a la realidad digital y ajuste los múltiples derechos reconocidos por la ley española a los países de nuestro entorno, sin los actuales excesos que implican dobles y hasta triples pagos por un mismo uso, así como la recaudación injustificada por las entidades de gestión de remuneraciones atribuidas pero no remuneradas a creadores extranjeros".

    Sobre una hipotética vuelta de la publicidad a TVE, Uteca le pide al nuevo Gobierno que lo descarte, porque "supondría no solo una distorsión del mercado publicitario, y el consiguiente daño a los operadores privados, sino también un perjuicio para la propia televisión pública, que con sus actuales niveles de audiencia, no llegaría a obtener por la venta de sus espacios publicitarios una cifra similar a la que ahora ingresa por las aportaciones de los operadores". "No tendría sentido", señalan desde Uteca, "un esquema de financiación en el que se produjese al tiempo la participación en el mercado publicitario y las aportaciones de los operadores".

    La asociación también pide al nuevo Ejecutivo que se haga una planificación y gestión de la asignación del espectro radioeléctrico "a medio y largo plazo"y "en estrecha colaboración público-privada".

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  • El 30 de diciembre de 2015, el Gobierno de Cantabria ha aprobado la adjudicación de 10 nuevas licencias de radio y 2 de televisión, correspondientes a la convocatoria realizada en marzo de 2014.

    En concreto se aprobó la adjudicación de 14 para la prestación de servicios de comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma. Son 10 licencias de radio y 4 de televisión, de las cuales 2 han quedado desiertas.

    Los beneficiarios de las licencias de radio son Radio Studio Torrelavega (Cabezón de la Sal 93.5), Medios Autonómicos de Radiodifusión Gallegos (Camargo 95.2), Comunicación Radiofónica, Televisión y Prensa Escrita Cantabria S.L. (Marina de Cudeyo 89.0 y Noja 100.5), Gestión de Comunicación Cantabria S.L. (Ramales de la Victoria 88.2 y Santander 99.2), Radio Popular (Santander 104.6 y Torrelavega 95.2), Altamar Radio (Torrelavega 89.9) y María Luisa Pereda Gómez (Torrelavega 104.2).

    En el caso de la televisión, los adjudicatarios son Televisión Popular de Santander (Televisión autonómica Canal 44) y Comunicación Radiofónica, Televisión y Prensa Escrita Cantabria S.L. (Televisión Local Castro Urdiales 39).

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  • Nuevo éxito de Díez y Romeo en la defensa de emisoras de radio FM y televisiones frente a las sanciones impuestas por las administraciones.
    Esta semana se ha conocido 1 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que estima el recurso contencioso-administrativo contra una sanción de 100.000 € por realizar emisiones radiofónicas sin licencia previa. El fallo que también anula el cese de emisiones y el precinto de las instalaciones.
    Los hechos se remontan al acta de inspección que, tras detectar unas emisiones de comunicación radiofónica, terminó atribuyéndoselas a una emisora de Radio FM gallega.

    Acto seguido, la Xunta de Galicia inició el procediendo sancionador a estacionas de la Secretaría Xeral de Medios, que concluyó con una sanción de 100.000 € incluyendo el cese de emisiones y el precinto de las instalaciones.

    Tras ello, los abogados del despacho madrileño DÍEZ & ROMEO recomendaron acudir a la vía judicial, al ver opciones y viabilidad de anular las sanciones. Tras los trámites seguidos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el Magistrado Ponente dictó, una sentencia anulado todas las actuaciones sancionadoras de la administración.

    Al dar por válidos los argumentos jurídicos esgrimidos bufete de abogados Díez y Romeo, la administración fue condenada en costas. Los puntos claves que figuraban en la demanda de la emisora de radio, fueron:

    • La falta de fiabilidad en la constatación de las interferencias.
    • La pérdida de la presunción de veracidad de los documentos de los inspectores.
    • La imposibilidad de justificar la responsabilidad al cliente de DÍEZ Y ROMEO.

    En definitiva, el nuevo éxito de los servicios jurídicos de DÍEZ Y ROMEO, ha conseguido anular una sanción de 100.000 €. El fallo también anuló el precinto e equipos e instalaciones.

    Los abogados Paula Romeo González y Jaime Rodríguez Díez, Díez & Romeo, cuenta con una dilatada experiencia en estas materias.

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  • Las aeronaves no tripulados (RPAs) tienen últimamente muchísimo tirón entre los gigantes tecnológicos y no sólo para repartir paquetes. Que se lo digan, si no, a Twitter, que ha solicitado una patente para un dron capaz de tomar fotos y vídeos y transmitir esas fotos y vídeos a través de las cuentas de los usuarios de la red social del pajarito.

     Ni que decir tiene que el hecho de que Twitter haya solicitado una patente no significa necesariamente que la red de microblogging vaya de verdad a construir un dron. Sin embargo, esta patente es un claro síntoma de que la red social tiene el ojo puesto en los vehículos aéreos no tripulados.

     En su patente Twitter menciona que los “likes”, los retuits y las respuestas de los tuiteros podrían utilizarse para controlar la dirección del dron, grabar vídeos y tomar instantáneas.
     Otros “superpoderes” del dron que Twitter tiene supuestamente en el horno son la telepresencia (o posibilidad de realizar videoconferencias virtuales) y las entrevistas en vivo en formato vídeo. Suena bastante estrafalario, tanto desde el punto de vista de la tecnología como de la seguridad. Sin embargo, no se puede negar que es un concepto sumamente ambicioso que ninguna otra compañía había hasta ahora sobre la mesa (al menos de manera pública).

     Teniendo en cuenta que Twitter ha lanzado durante el último año la app de vídeo en streaming Periscope, es más que probable que esta aplicación forme tándem con los drones de la red de microblogging para transmitir eventos en directo.

    Se desconocen por el momento los planes concretos que Twitter se guarda en la recámara para sus drones, pero preguntado por  la CNBC por el nuevo invento de la red social del pajarito, un portavoz de la compañía se ha descolgado con una respuesta tan breve como enigmática: “Dos palabras: ‘drone selfies’”.

    ¿Qué pretende Twitter con sus drones? No lo sabemos a ciencia, pero quizás los fanáticos de los selfis tengan muchísimo que celebrar.

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  • El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) confirmó la ilegalidad de las ayudas concedidas por las autoridades españolas a los operadores de la plataforma de televisión digital terrestre (TDT) entre 2005 y 2009, tal y como señaló la Comisión Europea en junio de 2013. El fallo obliga a España a recuperar 260 millones de euros —a los que podrían sumarse otros 46 correspondientes al procedimiento abierto por las ayudas públicas concedidas en Castilla-La Mancha.

    La justicia europea considera que las medidas adoptadas por España no respetaron el principio de neutralidad tecnológica. En concreto, el Tribunal señala que, ante la inexistencia de una definición clara del servicio de explotación de una red terrestre como servicio público, las medidas para permitir la transición de la televisión analógica a la digital, debían clasificarse de ayuda estatal.

    El Ejecutivo comunitario había declarado esta ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior a raíz de una denuncia del operador europeo de satélites SES Astra, que pidió que los beneficiarios la devolvieran. "Esta resolución es importante porque confirma el análisis de la Comisión sobre cómo los Estados miembros pueden asegurar una cobertura de televisión de acuerdo con el derecho europeo por vías tecnológicas neutras", comunicó el Ejecutivo comunitario en una nota.

    El fallo afecta a los operadores que transmiten las señales de TDT, entre ellos a Cellnex, filial de Abertis. En el folleto de su salida a Bolsa, Cellnex señalaba que Bruselas había cifrado las ayudas a devolver por la compañía en 40 millones, pero añadía que el Gobierno rebajaba el importe a unos 10 millones.

    La sentencia “es importante para España y para Europa porque sienta un precedente”, afirmó ayer Luis Sahún, director general de SES Iberica, quien destacó que, de esta forma, “se reconoce que el principio de neutralidad tecnológica es básico para garantizar la competencia”. “Es una gran victoria. Hemos luchado durante siete años y ahora España tendrá que cumplir con las obligaciones que le impone la Comisión. De lo contrario se expone a posibles sanciones”, agregó

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  • Ante la progresiva integración de los drones en el espacio aéreo civil de la Unión Europea, surge la necesidad de fijar jurídicamente los límites de uso de estas aeronaves no tripuladas con el fin de garantizar las libertades civiles, el respeto de la privacidad individual y la protección de datos. Por esta razón, el grupo de trabajo GT29 que reúne a todas las agencias de protección de datos europeas, hizo público a mediados de este año un primer dictamen conjunto sobre estos vehículos aéreos no tripulados que ha servido de base para redactar las directrices sobre el uso de drones comerciales, aprobado recientemente por la UE.

    Su principal preocupación es la falta de claridad y el vacío legal existente, para garantizar que estos dispositivos no tripulados con fines comerciales no representen ninguna amenaza para la seguridad pública y la privacidad de los ciudadanos. En este aspecto, El GT29 advierte del riesgo que puede suponer para la protección de datos de los ciudadanos el uso de drones comerciales equipados de sensores, ya sea por la captación de imágenes, sonido o de datos de geolocalización de una persona identificable, como por el procesamiento de estos datos en manos de terceros.

    La inminente necesidad de desarrollar un paquete de medidas legales a través de la Agencia Europea de Seguridad Aérea que equipare la seguridad de estos vehículos aéreos no tripulados a la de cualquier otro aparato de aviación, ha culminado en la resolución aprobada recientemente por el parlamento con 581 votos a favor, 31 en contra y 21 abstenciones.

    Esta resolución permitirá crear un marco legislativo común, donde la Comisión Europea, los países de la UE, fabricantes, empresas y otras partes interesadas garanticen el uso seguro y responsable de estos dispositivos en el espacio aéreo civil de los países miembros. No solo por responsabilidad de sobrevolar áreas urbanas con este tipo de vehículos aéreos no tripulados, sino también por la cantidad de datos que pueden captar estas aeronaves durante su trayecto.

    Este marco legislativo garantizará que las autoridades y empresas que hagan uso de drones con fines comerciales realicen un tratamiento adecuado de los datos captados, que se ajuste a los principios de transparencia, minimización en la captura y rápida eliminación la información datos, tal y como dicta la actual normativa europea de protección de datos. Es por ello que la Unión Europea, en su afán de colaborar e impulsar las nuevas tecnologías, está trabajando a contra reloj para que el capital invertido en el potencial comercial que ofrece esta tecnología sufra las menores pérdidas posibles ante los vacíos legales que existen actualmente en cada país de la UE.

    Los expertos están convencidos de que el uso de drones comerciales bajo un marco normativo común, tendrá un impacto positivo para la economía y la creación de empleo de la zona euro. Más allá del uso recreativo que todos conocemos, los drones pueden proporcionar otros servicios mucho más específicos, como la inspección y detección de fallos técnicos en tendidos eléctricos, vías férreas o centrales eléctricas, así como la evaluación de desastres naturales o la esperada entrega de paquetes a domicilio que pretende implantar el gigante Amazon.

    Esta resolución, sumada a la actual ley 18/2014 de 15 de octubre que regula el uso de drones en nuestro país, deberá servir de hoja de ruta para la elaboración de una legislación nacional mucho más completa y ambiciosa que no sólo establezca los límites operativos de las aeronaves no tripuladas, sino también que proteja la intimidad individual de los ciudadanos.

    Autor: Miguel Angel Pérez

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  • El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el pasado 1 de diciembre una modificación del contrato que garantiza la cobertura de la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) en las zonas rurales y menos edificadas de Andalucía, suscrito en 2009 con la entidad Retevisión.

    Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, el cambio consiste en ampliar su duración hasta que concluya el proceso de licitación del nuevo suministro, en cumplimiento de las últimas directrices de la Comisión Europea.

    Vázquez ha destacado que la medida impedirá el desabastecimiento en las zonas afectadas de las ocho provincias andaluzas, donde viven unas 350.000 personas, a partir del 5 de diciembre, fecha de finalización del contrato.

    En este sentido, la modificación también incluye disposiciones para que se asegure el mantenimiento del servicio hasta que la empresa adjudicataria se haga cargo del mismo.

    La ampliación del plazo se aprueba en cumplimiento de la Ley General de Telecomunicaciones, que considera los servicios de telecomunicaciones como de interés general y, por tanto, establece la primacía de su continuidad o no interrupción.

    Las zonas rurales beneficiadas reciben la señal de 64 centros de emisión y pertenecen a municipios en los que no hay cobertura de la señal de TDT garantizada por los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal.

    LICENCIAS DE EMISORAS DE FM

    Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha acordado otorgar, por un plazo de diez años, sendas licencias de emisoras de radio en frecuencia modulada a los ayuntamientos de Gilena y La Roda de Andalucía (Sevilla).

    De acuerdo con las características técnicas aprobadas, las dos emisoras utilizarán la frecuencia 107.4 del dial. 

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  • A tan solo un par de semanas de que se celebren las elecciones generales, el gobierno ha anunciado la reforma de la Ley del Cine, un sector muy castigado por el ejecutivo en los últimos años sobre todo a raíz del aumento del IVA cultural y de la reducción de las ayudas públicas. Así, ha sido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la encargada de presentar las modificaciones del texto legislativo que cambia en materia de financiación a las producciones españolas.

    De esta manera, las ayudas públicas, que antes llegaban a manos de los productores una vez estrenada la película y dependiendo del impacto del filme, serán otorgadas por anticipado antes de su salida a la luz. Esto supone un respiro para el cine en nuestro país que hasta ahora se veía obligado a recurrir a créditos bancarios mientras esperaba las ayudas estatales con el correspondiente perjuicio de los intereses generados.

    Lo que no ha detallado Sáenz de Santamaría es si habrá cambios en el montante adjudicado a las cintas, cuya cantidad máxima se había reducido de 1,5 millones de euros a 1,3, una medida muy protestada por parte del sector cinematográfico.

    Otro de los puntos que se incluyen en esta reforma es la eliminación de la obligatoria demora de tres meses entre el estreno de las películas y su ofrecimiento en otras ventanas de exhibición.

    Esta medida se dirigía a proteger los derechos de las salas de cine, muy castigadas por la crisis económica pero que, sin embargo, no ha estado exenta de polémica pues los canales legales aseguraban que este tiempo solo aumentaba las descargas ilegales al ofrecer los contenidos con bastante más antelación.

    Fuente: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/gobierno-da-respi…

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  • Las nuevas previsiones efectuadas por ZenithOptimedia no son nada halagüeñas para el mundo de la televisión. De acuerdo a las mismas el dominio de la TV en el mix de medios de comunicación acabará en 2018 cuando su puesto sea usurpado por internet.

    En base al histórico de los datos relativos a la inversión en publicidad y con las previsiones en la mano, los expertos creen que la televisión alcanzó su máximo en 2012 cuando copaba el 37,9% y esperan que la cifra descienda hasta el 34,8% en 2018.

    La TV cuenta a su favor con el poder que tiene a la hora de generar conciencia de marca lo que hace que aún se sigan invirtiendo grandes presupuestos a través de, por ejemplo, canales online más directos que se utilizan para complementar el alcance de los tradicionales. Dejando a un lado el potencial de internet, la televisión se posiciona como el principal medio de exhibición representando el 44,7% del gasto en pantalla este 2015 con un descenso que lo situaría en el 42,9% para 2018.

    De acuerdo a las afirmaciones realizadas por Jonathan Barnard, responsable de las previsiones realizadas por ZenithOptimedia, “la publicidad en internet superará a la TV por primera vez en 2018” y esto será gracias a las búsquedas de pago.

    Dentro de la publicidad móvil digital vemos que superará a la de desktop también ese año pasando a representar el 50,2% del gasto total de la publicidad en internet.

    “El consumo de televisión se encuentra en declive (alrededor de un 2% cada año). Es el vídeo online quién se está llevando la mejor parte con un consumo que se incrementa hasta un 22% cada año”, ha destacado Barnard en relación a estas previsiones.

    Siguiendo las mismas nos encontramos con que la compra programática representará el 60% de la inversión en todas las pantallas digitales en 2016 tras experimentar un crecimiento del 34%. Uno de los datos más llamativos lo encontramos en el hecho de que la publicidad audiovisual representará el 48,4% de la publicidad en display este 2015 frente al 44,1% que reportaba en 2010.

    Se espera que el mobile se posicione como el principal motor del crecimiento de la publicidad a nivel global acaparando hasta el 87% de toda la inversión publicitaria adicional entre 2015 y 2018.

    En 2018 el gasto en publicidad móvil duplicará su tasa actual de 50.000 millones de dólares hasta los 114.000 millones de dólares. De esta forma superará a la publicidad en escritorio dejándolo con el 50,2% de toda la publicidad en internet.

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  • Durante los meses de septiembre y octubre Constantes y Vitales, la campaña de Responsabilidad Corporativa de laSexta y la Fundación AXA, desarrolló el reto #CadaPasoEsVital.

    Una acción social que consistió en convertir el esfuerzo cotidiano en fondos para contribuir a combatir contra el cáncer. Cada kilómetro de esfuerzo que se realizara, bien andando, corriendo o montando en bicicleta, Constantes y Vitales lo convertiría en fondos para financiar el proyecto del CNIO del bioquímico Héctor Peinado (estudio sobre la metástasis). La donación de los kilómetros se realizó a través de la plataforma Iwopi.es

    La campaña de comunicación de 4 semanas de duración contó con un spot protagonizado por Mamen Mendizábal, embajadora de Constantes y Vitales. A este spot se le sumó la cobertura informativa en programas de la Sexta como Más vale tarde, La Sexta Noticias y Zapeando. Todo ello acompañado de un microsite y comunicación en las redes sociales del grupo Atresmedia.

    La combinación de los formatos convencionales y acciones especiales han demostrado la efectividad de la comunicación al convertirse en una campaña que ha batido récords en la plataforma Iwopi. Es la causa con más km totales donados, 600.000, y conseguidos en un tiempo récord, 4 semanas, alcanzando también récord en el número de donantes.

    Existe una clara correlación entre grp’s lanzados y kilómetros donados, así como la influencia de las menciones en las altas en Iwopi.

    Las menciones en los programas de La Sexta generaron automáticamente altas en la plataforma. A raíz de la acción en Zapeando y La Sexta Noticias 20h el día 1 de octubre se duplicó el ritmo de km donados.

    Las menciones en programas multiplican exponencialmente las altas de usuarios.

    Tras cada alusión en los diferentes programas los registros en la web manifestaron récord pues el promedio de altas se multiplica por 70%.

    Una acción con un resultado extraordinario para Iwopi y Constantes y Vitales, que vuelve a demostrar la eficacia de la televisión.

    Para más información el estudio completo se encuentra en la web de Atresmedia Publicidad.

    Fuente Marketing Directo: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/medios/la-television-demuest…

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  • Han pasado dos años desde que asistiésemos al cierre de Canal 9 y, a pesar del tiempo transcurrido, los liquidadores de la desaparecida Radiotelevisió Valenciana (RTVV), han dado a conocer que sigue generando un gasto mensual situado en el millón de euros. El mencionado equipo de liquidadores ha hecho pública esta información a pocos días de que se cumpla el segundo aniversario del cierre del ente público.

    Destacan que la desorbitada cantidad que sigue costando Canal 9 se producen en concepto de mantenimiento del edificio que lo albergaba así como el pago de las deudas, tal y como recogen desde el diario El Mundo. Dentro de esta cantidad se contemplan además algunos de los compromisos que Canal 9 había adquirido con algunas productoras con las que mantenían relaciones laborales.

    Los liquidadores han dejado claro que se están enfrentando a un proceso muy complicado ya que prácticamente cada día reciben nuevas demandas judiciales procedentes de ex trabajadores o productores afectados por el proceso de cierre de Canal 9. Recuerdan que al encontrarse los sistemas informáticos bloqueados son numerosos los problemas para acceder a los contratos de los trabajadores o las bases de datos.

    Se han puesto al descubierto además algunas irregularidades como el hecho de que el edificio que albergaba la TV valenciana ubicado en Burjassot, cuya valoración asciende a los 25 millones de euros, no se encuentra inscrito en el registro de la propiedad. Datos y problemas que se han dado a conocer coincidiendo con el acuerdo entre José Luis Vidal, secretario autonómico de comunicación y el representante de Mediapro, Jaume Roures. Este acuerdo se traduce, en términos jurídicos, en una transacción de compensación de deuda y finiquito entre las dos partes contemplándose una cantidad de 27 millones de euros, según publican en El Mundo.

    A través del mismo se pone un punto y final a las diferencias entre RTVV y Mediapro que encuentran su origen en julio de 2010 como consecuencia de la gestión de los derechos audiovisuales de los clubs de la Comunidad Valenciana en la Liga BBVA y la Liga Adelante, así como todo lo referente con los derechos de emisión de estos campeonatos y la retransmisión de la Fórmula 1. Ambas partes han mostrado su satisfacción ante el cierre de este conflicto que definen como “ficticio y artificial” dejando claro que todos ganan llegando a este acuerdo.

    Fuente: Marketing Digital: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/medios/dos-anos-despues-de-s…

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  • • El Alto Tribunal ratifica el fallo del TSJ de Andalucía que invalidó las licencias televisivas.

    • Las bases del concurso fueron anuladas en 2007 y ello afectó a las puntuaciones otorgadas en la adjudicación.

    El 2 de diciembre de 2015 se ha dictado la Sentencia del Tribunal Supremo que ratifica el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede Granada) por el cual se anularon las licencias de la TDT que repartió la Junta de Andalucía en 2008.
    Esta es la primera Sentencia de los 39 recursos de casación que debe resolver el Alto Tribunal en los próximos meses.

    Los hechos.-

    Los hechos se remontan al 18 de abril de 2006, fecha en la que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía convocaba el concurso público para la adjudicación de 186 licencias de televisión digital terrestre para su gestión por particular.

    Dos años después, el 29 de julio de 2008, se resolvió el concurso y se adjudicaron un total de 163 concesiones televisivas. Muchos operadores locales de proximidad quedaron fuera del reparto y decidieron impugnarlo judicialmente.

    Tras la tramitación del correspondiente proceso judicial el TSJ de Andalucía dictaminó que el reparto era nulo puesto que la Junta había adjudicado las licencias con las bases del concurso anuladas. En efecto, el 17 de julio de 2007 la máxima instancia judicial andaluza declaró invalidadas parte de las cláusulas de la convocatoria para el otorgamiento de concesiones audiovisuales.

    Desde entonces la adjudicación de las licencias televisivas quedaba tocada de muerte.
    Ahora, el Tribunal Supremo confirma la anulación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 29 de julio de 2008, que resolvió el concurso para el otorgamiento de concesiones de TDTL en Andalucía.

    Los argumentos dados por el Tribunal Supremo.-

    La clave está, según el fallo del TS, en los siguientes puntos:

    1.- La Sentencia que anulaba las bases de la licitación (de 17-7-2007) en que se apoya el TSJ de Andalucía, devino firme con anterioridad a las sentencias que invalidaban las licencias televisivas (desde junio de 2014). Y ello era conocido por la Junta de Andalucía porque fue parte en el litigio de 2007.

    2.- El TSJ de Andalucía hizo lo correcto al anular las licencias de TDT ya que la Sentencia de 2007 anulaba bases de la convocatoria que incidían directamente en las puntuaciones otorgadas en la adjudicación del concurso.
    Esto hace que resulte muy difícil readjudicar las licencias entre los que tomaron parte en el concurso en 2006 dado que parte de sus bases carecen de eficacia.

    Todo apunta a la necesidad de convocar un nuevo concurso ajustado a la nueva regulación audiovisual. La Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual y la Ley Audiovisual de Andalucía que se encuentra en fase de Anteproyecto.

    Efectos de la Sentencia.-

    Aunque esta Sentencia afecta a una demarcación concreta, quedan por resolver 38 Sentencias más que afectan a 40 demarcaciones de las 62 en las que se divide Andalucía, entre las que están las 10 ciudades más pobladas y con más alcance publicitario.

    Ahora se tanto los adjudicatarios cuya licencia ha sido anulada por el TS, como los que no tienen licencia – habiendo participado en el concurso o no – se encuentran en la misma situación de inseguridad jurídica. 

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  • El bufete de Abogados Díez & Romeo ha elaborado un Informe analizando el Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía recientemente publicado por la comunidad autónoma. Próximamente se pondrá a disposión de los distintos agentes del sector televisivo y radiofónico un trámite para que puedan realizar las consultas que estimen conveniente. Desde Díez y Romeo se ha estudiado la repercusión del texto legal para varias entidades del sector audiovisual

    Las instituciones han valorado positivamente la norma ya que insistirá en la protección de la pluralidad política, de la profesionalidad, de las entidades que trabajan en ese campo desde el ámbito privado y público. Así lo destacaba el Vicepresidente de la Junta y Consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, en la entrega de los II Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local.

    Estructura del Anteproyecto.-

    El Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía consta de 110 artículos estructurados en 6 títulos donde se abordan aspectos como (i) los principios inspiradores, definiciones y ámbito de aplicación; (ii) Derechos de la ciudadanía y Servicios de comunicación audiovisual; (iii) La Administración audiovisual; (iv) Derechos y obligaciones de los prestadores régimen jurídico de las emisoras y televisiones comerciales; (v) Servicios de comunicación audiovisual en sus distintas modalidades: privado, público y comunitario sin ánimo de lucro; y (vi) el régimen sancionador.
    La incorporación de 1 disposición adicional, 2 disposiciones finales y 3 disposiciones transitorias cierra el régimen legal propuesto por el ejecutivo andaluz.

    Del análisis de la nueva regulación, Díez y Romeo destaca tres particularidades específicas:

    • la incorporación del derecho a las autorizaciones provisionales para los prestadores públicos de televisión locales y para los operadores de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro.
    • la prohibición de contratación y difusión de publicidad en emisiones de prestadores sin licencia título habilitante.
    • Y el establecimiento de un régimen sancionador demoledor.

    El Régimen Sancionador.-

    El impacto sancionador que el Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía contempla en su seno es absolutamente devastador.

    Con respecto a la cuantificación de las sanciones, el art. 96 del Anteproyecto establece la siguiente estructura:
    Sanción para infracciones muy graves:
    • Multa de 80.001 hasta 1.000.000 de euros para televisiones
    • Multa de 20.001 a 200.000 euros para emisoras de radio
    • Además, si es persona jurídica (empresa, fundación asociación) hasta 20.000 euros a su representante legal o a los que integran sus órganos directivos.

    Sanción para infracciones graves:
    • Multa de 20.001 hasta 80.000 euros para televisiones
    • Multa de 10.001 a 20.000 euros para emisoras de radio
    • Además, si es persona jurídica (empresa, fundación asociación) hasta 10.000 euros a su representante legal o a los que integran sus órganos directivos.

    Sanción para infracciones leves:
    • Multa de hasta 20.000 de euros para televisiones.
    • Multa de 10.000 euros para emisoras de radio.
    • Además, si es persona jurídica (empresa, fundación asociación) hasta 5.000 euros a su representante legal o a los que integran sus órganos directivos.

    El artículo 98 del Anteproyecto recoge las siguientes medidas sancionadoras accesorias:

    Infracciones muy graves:
    • Prohibición de contratar con la Junta de Andalucía durante un plazo no inferior a 3 años.
    • Precintado provisional de instalaciones, aparatos y equipos utilizados para realizar la prestación del servicio de comunicación audiovisual
    • Incautación temporal de aparatos y equipos.
    • Clausura, total o parcial de las instalaciones entre 2 a 4 años.
    • Inhabilitación para el ejercicio de la actividad entre 1 y 2 años.
    • Suspensión de la licencia audiovisual entre 1 y 4 años.
    • Imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de comunicación audiovisual durante 3 años.

    Infracciones graves:
    • Clausura, total o parcial de las instalaciones por un máximo de 2 años.
    • Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un máximo de 1 año.
    • Suspensión de la licencia audiovisual por un máximo de 1 año.
    • Imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de comunicación audiovisual durante 1 año.

    Las medidas cautelares están reguladas en el artículo 97 del Anteproyecto y los las siguientes:

    • Cese temporal de la prestación del servicio de comunicación audiovisual.
    • Clausura, parcial o total, de las instalaciones.
    • Precintado provisional de instalaciones, aparatos y equipos utilizados para realizar la prestación del servicio de comunicación audiovisual
    • Incautación temporal de aparatos y equipos
    • Prestación de fianza
    • Acudir a las jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones para ejerzan las competencias en materia de Telecomunicaciones
    • Interrupción de los suministros básicos para el funcionamiento de la actividad (suministro eléctrico, difusión de señal, entre otras)

    Entre las infracciones muy graves se encuentran tanto la prestación del servicio de comunicación audiovisual (radio y televisión) sin disponer de licencia, como el incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia definidas 3 veces en 6 meses.

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  • La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido incoar un nuevo expediente sancionador al grupo Mediaset por emitir publicidad de bebidas alcohólicas de graduación inferior a 20 grados en horario protegido, es decir, fuera de la franja horaria comprendida entre las 20:30 y las 06:00 del día siguiente.

    Tal y como recogía el 4 de noviembre El Programa de la Publicidad, las graves infracciones fueron detectadas en Telecinco, FDF, Cuatro, Divinity y Energy durante los meses de julio y agosto de 2015.

    Competencia recuerda que la publicidad de bebidas con un nivel de alcohol superior a los 20 grados está totalmente prohibida.

    El artículo 18 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, recalca que “está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud”, y más concretamente, “la comunicación comercial televisiva de bebidas alcohólicas con un nivel inferior a veinte grados cuando se emita fuera de la franja de tiempo entre las 20:30 horas y las 06:00 horas del día siguiente, salvo que esta publicidad forme parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir”.

    Se abre ahora un periodo máximo de 6 meses para la instrucción del expediente y su posterior resolución por la CNMC, mientras que el grupo Mediaset dispone de un plazo de quince días para presentar alegaciones. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación
     

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