27. Marzo 2013

Red de Medios Comunitarios (ReMC) impugna las bases del concurso de la FM en Galicia

Tras la correspondiente interposición del recurso contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite la demanda de la Red de Medios Comunitarios (ReMC) contra el concurso destinado a otorgar las licencias disponibles en Galicia para la emisión en frecuencia modulada. La causa de la impugnación es el veto a la participación de los medios comunitarios en el reparto de licencias a pesar de que la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, reconoce a este tipo de medios como un derecho de la ciudadanía.
 
En la comunidad autónoma de Galicia existen medios libres y comunitarios desde hace tres décadas, sin que hasta la fecha las diversas administraciones les hayan otorgado licencias para desarrollar su actividad, pese a contemplarlas en la normativa reiteradamente. No hay que olvidar que la Resolución del Parlamento Europeo A6-0263/2008, “Pide a los Estados miembros que pongan a disposición de estos medios el espectro de frecuencias, analógica y digital, de radio y televisión, teniendo en cuenta que el servicio prestado por los medios de comunicación comunitaria no se ha de evaluar en términos de coste de oportunidad o justificación del coste de adjudicación del espectro, sino por el valor social que representa”, y que la actividad de los medios comunitarios se encuentra legalmente protegida en la mayoría de los países europeos.

La Xunta pretende otorgar las 85 licencias de las que dispone a servicios de comunicación comercial, agotando así el espectro planificado disponible e imposibilitando por la vía de hecho el ejercicio del derecho a comunicar a través de medios comunitarios en condiciones dignas.
 
Ahora veremos como se desearrolla el procedimiento y si la sustanciacion del concurso se encuentra condicionada por un posible fallo estimatorio.

 

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27. Marzo 2013

UTECA impugnará la anulación de la última asignacion de multipes digitales (TDT)

El actual modelo audiovisual ha quedado en entredicho y las cadenas privadas reaccionan. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) ha manifestado su "más absoluta disconformidad y malestar" con el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, mediante el cual se decide ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que anula la última asignación de múltiplex digitales.
 
Los grupos de televisión han expresado "su honda preocupación por las indeseables consecuencias de esta decisión promovida por el Ministerio de Industria, que será oportunamente impugnada". Los operadores consideran que la decisión del Gobierno, anunciada por Soraya Sáenz de Santamaría, "coloca a los operadores de televisión y, por extensión, a todo el sector audiovisual, en una situación de inseguridad jurídica sin precedentes".
 
La vicepresidenta, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, anunció que el Ejecutivo "trata de dar cumplimiento estricto de una sentencia que declaró la nulidad". Esta luz verde a la sentencia supone la desaparición de un total de nueve canales. Según las condiciones del mercado actual, diferentes a las de 2010 por las diferentes fusiones, Veo TV perdería dos canales; Net TV, otros dos; Mediaset, también dos; y Atresmedia, tres.
 
El pasado mes de diciembre, el Supremo declaró nulo el reparto de canales acordado en julio de 2010 por el Consejo de Ministros, que supuso la asignación de un múltiplex -conjunto de cuatro canales- a los operadores que tenían licencia para emitir en todo el país. De este modo, nacieron nueve canales.
 
Sin embargo, la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo sostiene que ese acuerdo del Gobierno debería haberse ajustado a la Ley General de Comunicación Audiovisual que había entrado en vigor un mes y medio antes, en la que se exigía que las licencias fueran concedidas mediante concurso.
 
"Desde la sentencia del Tribunal Supremo, los organismos competentes del Ministerio de Industria han venido comunicando a Uteca la confianza de que se iba a subsanar el problema suscitado por los errores y carencias del funcionamiento de la propia Administración", expone el comunicado de la patronal.
 
Según las cadenas privadas, "no se puede entender que, habiendo transcurrido tres meses desde el conocimiento de la sentencia, se haya acordado su ejecución de forma sorpresiva y abiertamente contradictoria con los mensajes previamente transmitidos a Uteca".
 
Las televisiones advierten sobre la decisión del Gobierno: "Pone en riesgo la continuidad de cierto número de canales que están actualmente a disposición del ciudadano de forma gratuita, y en cuya puesta en marcha y desarrollo los operadores han invertido cantidades muy significativas. No hay que olvidar que los operadores de televisión que se ven afectados por esta decisión asumieron las grandes inversiones que fueron necesarias para el buen fin del acelerado proceso de transición a la televisión digital terrestre".
 
Fuente: El Mundo
 

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27. Marzo 2013

"Salvame Diario" se debería emitir fuera de la franja de protección a menores, según el CAC

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) considera "no recomendado para menores de 13 años" el programa 'Sálvame diario', de la cadena Telecinco, por la presencia frecuente de violencia verbal y de valores incívicos presentados de forma positiva en horario protegido.
 
Según un acuerdo del 20 de marzo, al calificarlo de no apto para menores, "se debería emitir fuera de la franja de protección especial de los menores", que establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) 7/2010, de 31 de marzo, ha informado el Consell en un comunicado.
Esta norma establece dentro el horario protegido la franja de 6.00 a 22.00 horas y considera "protección reforzada" -no apto para menores de 13 años-, las franjas entre las 8.00 y las 9.00 horas (días laborables), de 17.00 a 20.00 horas (días laborables), y de 9.00 a 12.00 horas en el caso de los festivos.
 
Concretamente, el CAC analizó los programas del 8 y 9 de enero de 'Sálvame', que se emitieron de 16.00 a 20.10 horas, y observó la "presencia frecuente de violencia verbal, contenidos sexuales, contenidos susceptibles de generar tensión o angustia y de lenguaje grosero", y ello sin incluir ninguna señalización en la pantalla.
 
La segunda actuación fue motivada por la queja de una teleespectadora el 2 de febrero, por lo que el CAC analizó el programa '1000 maneras de morir' del 16 de febrero, que se emitió de 15.28 a 16.52 horas, es decir, dentro del horario protegido pero fuera de las franjas de protección reforzada.
Según el CAC, el programa muestra "la presentación positiva y complaciente de actitudes intolerantes y discriminatorias en la voz en 'off' que comenta las escenas", además de mostrar complacencia con la muerte de víctimas que llega a juzgar de merecida.
 
También señala que muestra la violencia física de forma explícita con escenas que recrean accidentes mortales, que incluyen imágenes de cuerpos mutilados y de cadáveres, por lo que el CAC considera que debería ser para mayores de 18 años y emitirse entre las 22.00 y las 6.00 horas.
El acuerdo fue aprobado por el CAC en relación al prestador Mediaset España Comunicación y en aplicación de la normativa de contenidos emitidos en Cataluña por parte de prestadores estatales, por lo que ha instado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a actuar ante una posible vulneración de la ley.
 
En la misma sesión, acordó exigir al Ministerio actuar contra el canal Xplora (Antena 3 Televisión, S.A.) por emitir el programa '1000 maneras de morir' dentro del horario protegido, puesto que defienden que se debería señalizar como "no recomendado para menores de 18 años" con la consiguiente prohibición en horario protegido.
 
Estos acuerdos forman parte de la intensificación llevada a cabo por el Consell con los contenidos "irregulares" emitidos por los prestadores estatales, una de las líneas de actuación prioritarias para el regulador, tal y como anunció el presidente del CAC, Roger Loppacher, este enero.
Ello da cumplimiento a la Ley 2/2000 del CAC que otorga potestad al organismo para "instar a las administraciones con competencias en medios de comunicación audiovisual a promover la adopción de las medidas adecuadas ante las conductas contrarias a la legislación".
 
Fuente: El Mundo
 

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22. Marzo 2013

Las grandes cadenas pierden 9 licencias de TDT

El Gobierno ejecutará una sentencia del Tribunal Supremo que declaró nula la adjudicación de un múltiplex a los diferentes grupos privados audiovisuales que actuaban entonces a nivel estatal, según ha anunciado en rueda de prensa del Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
 
"Se trata de dar cumplimiento estricto de una sentencia que declaró la nulidad de dicho acuerdo", ha especificado Sáenz de Santamaría sobre esta medida, que supone la desaparición de un total de nueve canales. Según el mercado actual, Veo TV perdería 2, Net TV 2, Mediaset España 2 y el grupo Antena 3 Atresmedia 3.
 
El pasado mes de diciembre, el Supremo declaró nulo el reparto de canales acordado en junio de 2010 por el Consejo de Ministros, un acuerdo que supuso la asignación de un múltiplex -conjunto de cuatro canales- a los operadores que tenían licencia para emitir en todo el país. Así, surgieron nueve canales nuevos.
 
El Tribunal cree que ese acuerdo debía haberse ajustado a la Ley General de Comunicación Audiovisual que había entrado en vigor un mes y medio antes, en la que se exigía de manera "inconstestable" que las licencias fueran concedidas mediante concurso. Para no abrir ese concurso, el Consejo se apoyaba en dos reales decretos; sin embargo, según el Supremo, ya habían quedado derogados por la ley.
 
La vicepresidenta ha enmarcado este cambio radical del panorama audiovisual en "un proceso que tenemos abierto en España y que tenemos que completar en los próximos meses y que se llama dividento digital".
 
Esta sentencia va contra los intereses de las grandes cadenas nacionales españolas: Veo TV (de Unidad Editorial), Net TV (grupo Vocento), Antena 3 (con La Sexta); y Mediaset (tras su acuerdo con Sogecable). Además, algunos de los canales en juego están alquilados a terceros operadores, una complicación añadida a este nuevo escenario.
 

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18. Marzo 2013

Hacienda aumenta el control para la lucha contra el fraude online

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado las nuevas líneas a seguir para el Plan de Control Tributario de 2013, donde se refleja un aumento del control sobre el Juego Online y el Comercio Electrónico.
La comprobación de las actividades de juego remoto, así como el control de la tributación de los premios y la investigación de las actividades de comercio electrónico, es una de las principales novedades de este Plan y que se recogía en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
 
En el documento se señala que se obtendrá información sobre la actividad de los operadores de juego en general. Estos datos se obtendrán a partir de los requisitos técnicos exigidos a las plataformas en el proceso de concesión de licencias, al tiempo que se identificará a los premiados, el importe de los premios y la forma de satisfacerlos. Desde este año, los premios de juego y loterías llevan un recargo del 20%.
 
En el caso concreto del comercio electrónico, Hacienda realizará actuaciones de investigación dirigidas, por un lado, a la catalogación de las principales operativas de gestión de negocio asociadas a actividades realizadas exclusivamente a través de la red, al objeto de determinar patrones de riesgo fiscal y, por otro lado, a obtener información sobre la actividad económica de los contribuyentes en internet.
 
Además, se aumentarán las operaciones de control y verificación de las declaraciones de los operadores ‘online’ del Impuesto sobre Actividades de Juego, comprobándose si se han efectuado las preceptivas retenciones o ingresos a cuenta (la nueva retención del 20% en premios superiores a 2.500 euros).
 
El Plan de Control Tributario
 
Este documento es la guía que focaliza los esfuerzos de la Inspección de Hacienda, la que marca las áreas, sectores y tributos a los que hay que prestar especial atención para reducir en lo posible el fraude fiscal. Este ejercicio es el primero en el que el sector del juego online, regulado a partir de junio del año pasado, tendrá que tributar por sus operaciones corrientes.
 
Fuente: OPERGAME

 

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16. Marzo 2013

La nueva Ley de Propiedad Intelectual perseguirá los enlaces a descargas

Una nueva filtración de un borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (PDF), que llegará al Consejo de Ministros presumiblemente la semana próxima, plantea nuevas medidas para agilizar y reforzar el funcionamiento de la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI) de la Secretaría de Estado de Cultura, especialmente la Sección Segunda, conocida como 'Comisión Sinde'. Entre ellas, la obligación para las 'telecos' de identificar a los usuarios a petición de un juez contencioso administrativo, o medidas para 'asfixiar' económicamente a las páginas de enlaces a descargas.

La Sección Segunda de la CPI es la encargada de notificar y en su caso bloquear enlaces o sitios web de enlaces a descargas no autorizadas, previa autorización judicial. No obstante, tras un año de funcionamiento tras la entrada en vigor de las reformas previstas en la llamada 'Ley Sinde', su efectividad ha sido limitada.
 
Una de las medidas más destacables para 'solucionar' este atasco que recoge este texto, publicado por la entidad Ibercrea (que aglutina a las principales entidades de gestión), es la obligación que establece para los prestadores de Internet de identificar a los infractores -a través de una dirección IP, nombre de dominio, dirección de Internet o dato similar- a petición de la Sección Segunda de la CPI.

Para ello, se plantea una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente del apartado 1 del artículo 256, en el que se incluiría un décimo punto en el que se capacita al juez para pedir la identificación del supuesto infractor a 'telecos' y empresas de pagos y publicidad cuando "concurran indicios razonables de que esté poniendo a disposición o difundiendo a gran escala, de forma directa o indirecta, a través de cualquier enlace o redireccionamiento, contenidos" protegidos por derechos de autor.
 
Hasta el momento, dicha identificación se producía de este modo sólo para perseguir los delitos más graves; de esta manera, un juez de los contencioso-administrativo podrá, de prosperar la reforma, solicitar esa identificación en el caso de que exista un indicio de vulneración de la propiedad intelectual en la Red.
 
La Sección Segunda podrá pedir la identificación del infractor al juez para, posteriormente y si ese infractor no retira los enlaces a los contenidos 'piratas', bloquear el acceso a esos enlaces, con un nuevo permiso del juez. La idea de estas modificaciones es agilizar el proceso, que se alargaba notablemente.
Tal y como adelantaba la periodista Pilar Portero hace unas horas, "en las últimas versiones del texto también había una modificación del artículo 270 del Código Penal para armonizarlo con la nueva ley, pero parece ser que ha desaparecido de la que se aprobará en el Consejo de Ministros".
 
Según el abogado especializado Carlos Sánchez Almeida, este proyecto "supone una agresión sin precedentes a la libertad de expresión, y aún más, a la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica garantizada por el artículo 20 de la Constitución". "Más allá de la regulación de la comisión de censura", añade el abogado, " se pretende someter a un asfixiante control administrativo toda la actividad artística, y en particular la libre asociación de los autores y creadores".
 
I.- Google se libra
 
Otras de las medidas resaltables del proyecto es que la Sección Segunda podrá actual contra los sitios web que "vulneren directamente los derechos de propiedad intelectual" y, subsidiariamente, contra quienes participen en la vulneración de forma "significativa considerando su nivel de de audiencia en España" y cuya "actividad principal sea la de facilitar de manera específica y masiva la localización de obras".
 
Los motores de búsquedas, y notablemente Google, no podrán en principio ser sancionables por esta vía ya que la actividad perseguida debe ser "activa, específica y no neutral" -"en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras"- y "que no se limite a desarrollar actividades de mera intermediación técnica".Es decir, tal y como se explica en la exposición de motivos, "lo anterior no afecta a (...), entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos". Tampoco afectará a quienes "enlacen ocasionalmente a contenidos de terceros" -un claro guiño a los blogs y redes sociales-, aunque ésto último no aparece registrado tal cual en el articulado del borrador.
 
Además, la Sección Segunda podrá actuar "para el retablecimiento de la legalidad" contra prestadores "que, directa o indirectamente, actúen con ánimo de lucro, o hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial".
 
II.- Mayor poder para la 'Comisión Sinde'
 
El procedimiento de notificación y retirada voluntaria no debería durar más de nueve días: 48 horas como máximo para notificar al infractor (previamente identificado), presentación de alegaciones por parte de éste, se practicará prueba en dos días y las conclusiones de la Sección Segunda se darán a conocer a las partes en un plazo máximo de cinco días.
 
Si no hay retirada voluntaria de contenidos, la norma prevé 'asfixiar' económicamente a los sitios infractores. El texto prevé que "la sección Segunda podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicion de intermediación, de lo servicios de pagos electrónicos y de publicidad, requiréndoles para que suspendan el servicio que faciliten al prestador infractor", con prioridad a las acciones dirigidas a bloquear su financiación.
 
De esta manera, el bloqueo del acceso a los sitios web declarados infractores sería una "medida de último recurso, en el caso de ser ineficaces las demás medidas de alcance".
 
Y además prevé consecuencias para los reincidentes en forma de multa, como infracción administrativa grave, de entre 30.000 y 300.000 euros, por incumplir dos o más veces la retirada de contenidos infractores, o por reanudar la actividad infractora.
 
Según Carlos Sánchez Almeida, "el texto puede contravenir la normativa europea de protección de datos, de libertad de expresión y de creación de empresa, otorgando a la administración facultades que corresponden en exclusiva al poder judicial". Y añade: "Amenazar con sanciones a empresas de 'hosting' y pasarelas de pago empujará al exilio virtual a buena parte de los emprendedores de la red española, con la consiguiente repercusión en la creación de empleo y riqueza.
 
III.- Mayor control a las entidades de gestión
 
Otros puntos importantes en la reforma de la LPI pasan por aumentar el control de las entidades de gestión de derechos de autor, un asunto que las ha puesto en pie de guerra.
 
El texto plantea la obligación de control de las cuentas de las entidades por parte de Cultura aunque, de momento, esa tarea recaería en la Comisión Nacional de la Competencia, algo que critican las entidades.

Aglutinadas bajo el paraguas de Ibercrea, critican además la "falta de una política activa para la creación e implementación de una industria cultural robusta".
 
Los editores de periódicos, a través de AEDE, se han sumado también a la queja de Ibercrea de no haber sido convocados para consultarles la nueva norma.

Mientras, Carlos S. Almeida ha hecho un llamamiento directamente a los creadores quienes, en su opinión, "deben unirse en un frente común con Internet". "Este proyecto supone un pacto contra natura entre los explotadores de la propiedad intelectual y el poder político, sometiendo por igual a los artistas y a su público", ha afirmado.

Fuente: Pablo Romero / El Mundo

 

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16. Marzo 2013

Las entidades de gestión piden la suspensión de la reforma de la Ley de Prop. Intelectual

Las entidades de gestión Agedi, AIE, Cedro y SGAE, integradas en el Instituto Ibercrea, han remitido una carta al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, donde le piden que paralice la tramitación del anteproyecto de reforma de la actual Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

La solicitud, que según el escrito respaldan "más de un millón de titulares de derechos", pide al ministro que no siga adelante con los trámites de la nueva ley hasta que no se formalice "el grupo de trabajo comprometido por usted en nuestra última reunión". "Es imprescindible -apunta la nota- que la futura Ley (LPI) recoja también los criterios y aspiraciones de los titulares de derechos".

Para las entidades de gestión antes citadas, el texto "no respeta las recomendaciones del mediador europeo y no facilita la gestión de los derechos de propiedad intelectual ni permite mejorar el nivel de protección" que, entienden, "debe ser el objeto a perseguir por el Ministerio".
Aunque reconocen haber conocido los detalles de la reforma de la actual LPI "de forma extraoficial", opinan que la misma "parece esconder la falta de una política activa para la creación e implementación de una industria cultural robusta".

Desde su punto de vista, ha informado Ibercrea en una nota, "este anteproyecto retraerá, aún más, el peso del sector cultural en el PIB, en lugar de incrementarlo, tal y como se prometía en su programa de Gobierno" y lamentan, "por encima de otras consideraciones", que el proceso se haya llevado a cabo "a espaldas al mundo de la cultura y con ausencia absoluta de diálogo".

Las entidades -prosigue la carta- "acogimos muy positivamente el ofrecimiento realizado por usted permitiéndonos participar, desde el diálogo y la cooperación con su Ministerio, en las iniciativas legislativas encaminadas a incrementar el nivel de protección de nuestra legislación".
Así, concluyen, "la presentación del texto al Consejo de Ministros sin haber sido objeto de discusión con nuestras entidades y que será sometido a trámite parlamentario, no se corresponde con el sentimiento de cooperación que en dicha reunión nos expresó".

Entre los cambios que disgustan a los integrantes de Ibercrea, el Instituto cita las medidas de control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y el nuevo cometido, en tanto lleguen los medios necesarios a la Comisión de la Propiedad Intelectual, de la Comisión Nacional de la Competencia para ejercer "las funciones de control y determinación de las tarifas". Un extremo, dicen, que "podría incrementar los conflictos".

El Instituto Ibercrea incluye las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual Agedi (Asociación de gestión de derechos intelectuales); AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes); Cedro (Centro español de derechos reprográficos) y SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), cuyo objeto es promover el respeto por la propiedad intelectual y buscar un consenso social que valore la creación y ofrezca seguridad jurídica a los creadores.

Fuente: El Mundo

 

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16. Marzo 2013

El Gobierno de Canarias devuelve los avales a las televisiones locales

El Gobierno de Canarias está procediendo a devolver los avales depositados por los aspirantes que, en su día, optaron a la concesión de estaciones de TDT, concurso que fue anulado en parte por el TSJC y el Tribunal Supremo. La devolución se produce al haber cambiado la consideración del espacio que se reparte de concesión a licencia. Y las licencias no necesitan aval.
 
La reclamación, que tuvo éxito, fue realizada, según nuestras informaciones por representantes del Canal 8, propiedad de Juan Luis Lorenzo, gracias a la cual se ha variado el sentido de las adjudicaciones, informan fuentes no oficiales a eldiariodetenerife.com.
Esta devolución significa un soplo de aire fresco para las paupérrimas economías de los canales de televisión locales, que liberarán sus responsabilidades con los bancos en cuanto reciban estos avales, cuya estimación total no conocemos. Algunos de estos canales ni siquiera emiten ya, aunque las garantías aportadas seguían sin ser devueltas.
 
Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Supremo estimaron que el concurso había que retrotraerlo al momento de las valoraciones de los aspirantes y baremar a éstos otra vez. El Gobierno cree que en dos meses se procederá a adjudicar de nuevo las estaciones de TDT, a través de licencias. Los que resulten “agraciados” –previsiblemente los mismos que en el concurso anterior— no necesitarán, como decimos, aportar avales.
 
Está más complicado el asunto de las emisoras de radio, muy pocas –o ninguna— de las cuales van a ponerse en marcha. Ha sido creado ya el anunciado servicio de inspección para vigilar que se cumplan las bases del concurso, pero no tenemos noticia de que ninguna de las empresas que resultaron favorecidas con emisoras haya abierto alguna de ellas. Y menos con los complicados y carísimos criterios establecidos en el concurso, que ha sido recurrido ante los tribunales por los que no resultaron “agraciados” por la pintoresca comisión de evaluación que valoró las concesiones.
No ha tenido demasiada suerte el Gobierno de Canarias con la ordenación del espacio radioeléctrico y de televisión digital terrestre. Concursos chapuceros, normas enrevesadas y casi imposibles de ser cumplidas e irregularidades denunciadas ante los tribunales de justicia y denuncias admitidas por éstos. Un batiburrillo del que va a ser muy difícil salir.
 
Fuente: El Diario de Tenerife

 

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14. Marzo 2013

La CNC autoriza la concentración de Cope-ABC Radio sin que sus licencias puedan controlar más del 50% de una localidad

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha autorizado en primera fase la operación de concentración de COPE y Punto Radio, aunque ha subordinado su visto bueno a que el grupo resultante se desvincule de una emisora de radio asociada a la segunda en Astorga (León), así como a la desinversión a un tercero de otra emisora de Punto Radio en Écija (Sevilla).
 
Según la resolución del Consejo de la CNC, reunido el 13 de marzo, de esta manera, "se evita que la entidad resultante acapare la capacidad de emisión radiofónica en estas localidades, y se logra que no controle la programación y la publicidad de más del 50% de las emisoras de radio en dichas localidades".
 
Como ya informaron en diciembre de 2012 ambas cadenas, la operación de concentración económica se implementará a través de un contrato marco de colaboración empresarial y emisión radiofónica de programación en cadena, suscrito por Vocento (Punto Radio) y la Cope el 19 de diciembre, mediante el cual las emisoras de Punto Radio comenzarán a emitir programación y publicidad gestionada por COPE.
 
Antes de la autorización anunciada este miércoles, el Consejo de la CNC, en su reunión de 30 de enero de 2013, había autorizado de forma condicionada la ejecución de un 'Convenio de Cesión Temporal no Exclusivo de Contenidos de Programas Radiofónicos Deportivos' por parte de Cope, Grupo Vocento y Punto Radio, por el que temporalmente Punto Radio comenzaría a emitir la programación deportiva de Cope.
 
Al haber sido autorizada la operación de concentración con compromisos en primera fase, no se han activado las condiciones a las que el Consejo de la CNC había vinculado la puesta en marcha de este 'Convenio de Cesión Temporal no Exclusivo de Contenidos de Programas Radiofónicos Deportivos'.
 
En un desayuno informativo en enero en Madrid, el presidente y consejero delegado de COPE, Fernando Giménez Barriocanal, anunció que el acuerdo con Vocento sumará a la COPE entre 2 y 3 millones de oyentes, lo que permitirá solucionar en parte el "gravísimo problema de cobertura" de la emisora. Asimismo, destacó las sinergias que permitirá el acuerdo para defender "unos valores comunes".

Fuente: El Mundo
 

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14. Marzo 2013

Vodafone y Orange litigarán con Telefónica si obstaculiza la competencia en fibra

Los consejeros delegados de Vodafone España y Orange España, Antonio Coimbra y Jean Marc Vignolles, han acusado este miércoles a Telefónica de poner trabas a la competencia en fibra y han advertido de que si no alcanzan un acuerdo en verticales acudirán a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) para que obligue a la operadora presidida por César Alierta a que comparta estas infraestructuras.

En este sentido, Vignolles ha señalado que mientras que Telefónica ya alcanza los 2,2 millones de hogares pasados con fibra óptica hasta el hogar (FTTH) y ofrece ya esta tecnología a sus clientes con sus tarifas de 'Movistar Fusión', no hay competencia efectiva para los alternativos.
Para Vignolles sería "legitimo" interpretarlo como un intento de evitar la competencia mientras que el incumbente con sus tarifas 'Fusión' ya ofrece fibra. "Es una situación grave que tiene que cambiar inmediatamente. Cuanto más tiempo pasa más difícil se hace esta inversión", ha reiterado el directivo, quien ha puntualizado que si no se ha llegado a un acuerdo no ha sido "por culpa" de Vodafone y Orange.

"Tenemos que llegar a un acuerdo de verticales con Telefónica porque no se puede aceptar dilaciones. Si Telefónica no acepta este acuerdo de verticales acudiremos a la CMT para que obligue a nuestro competidor a compartir estas infraestructuras mientras seguimos negociando con el incumbente", ha puntualizado el máximo responsable de Orange en España.

Por su parte, el consejero delegado de Vodafone España ha ido más allá añadiendo que acudirán al regulador de telecomunicaciones español y, en caso de ser necesario, a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) e, incluso, a Bruselas.
Para los directivos no se puede "consentir" los frenos a la competencia y más en compañías "dispuestas a invertir y a crear empleo en el país".
 
Fuente: Expansion

 

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14. Marzo 2013

Hacienda controlará el juego 'online' y el comercio electrónico (Plan de Control Tributario 2013)

La Agencia Tributaria potenciará el control sobre el juego 'online' y el comercio electrónico, como una de las principales novedades del Plan de Control Tributario 2013, en el que únicamente se menciona a los contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal para asegurar que se analizará si sus regularizaciones se han ajustado a la finalidad prevista en el proceso.
 
En este sentido, el Plan de Control, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogido por Europa Press, se limita a indicar, sin entrar en más detalles, que en el marco de sus planes de control, la Agencia Tributaria analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización voluntaria de su situación tributaria, "ya sean estos ordinarios o extraordinarios (en este último caso se incluiría la amnistía fiscal)", se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora de dichos procesos.
Además, Hacienda añade que la información obtenida en estos procesos será cedida a las comunidades autónomas, pero precisa que sólo "cuando resulte de interés para la gestión de los tributos respecto a los que sean competentes".
 
En el resto de materias que se priorizarán de cara a este año, la Agencia Tributaria sí da más detalles. Es el caso de la novedosa comprobación de las actividades de juego 'online', así como el control de la tributación de los premios y la investigación de las actividades de comercio electrónico.
También señala que se obtendrá información sobre los datos de actividad de los operadores de juego en general, obtenidos a partir de los requisitos técnicos exigidos a las plataformas en el proceso de concesión de licencias, al tiempo que se identificará a los premiados, el importe de los premios y la forma de satisfacerlos. Desde este año, los premios de juego y loterías llevan un recargo del 20%.
 
MÁS CONTROL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
 
En el caso concreto del comercio electrónico, Hacienda realizará actuaciones de investigación dirigidas, por un lado, a la catalogación de las principales operativas de gestión de negocio asociadas a actividades realizadas exclusivamente a través de la red, al objeto de determinar patrones de riesgo fiscal y, por otro lado, a obtener información sobre la actividad económica de los contribuyentes en internet.
Asimismo, en materia de juego 'online' se potenciarán las actuaciones de verificación y control de las declaraciones de los operadores 'online' del Impuesto sobre Actividades de Juego y se verificará si han practicado las oportunas retenciones o ingresos a cuenta (la nueva retención del 20% sobre premios superiores a 2.500 euros).
 
El Plan de Control de este año también dedica especial atención a la evasión fiscal internacional y a lo que denomina 'planificación fiscal agresiva', materias a las que dedica apartados concretos. Así, sobre la fiscalidad internacional, Hacienda afirma que se trata de evitar la erosión de bases imponibles de las empresas multinacionales y el desplazamiento "artificioso" de los beneficios empresariales a territorios de baja tributación o paraísos fiscales.
 
De esta forma, la Agencia Tributaria potenciará el control de la actividad tranfronteriza que realizan tanto los residentes españoles en el exterior como los inversores extranjeros en España para evitar el deterioro de las bases imponibles que deban tributar en España y las bolsas de fraude de cuantía elevada.
 
FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA
 
Así, se investigarán las relaciones económicas de residentes en España con territorios de baja tributación, al tiempo que se llevarán a cabo análisis exhaustivos de los acuerdos de intercambio de información con paraísos fiscales para verificar su correcto cumplimiento.
También se investigará a los contribuyentes que no han presentado la nueva declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero cuando existan indicios de operaciones fuera de España que permitan presumir la existencia de estos bienes.
 
En cuanto a la 'planificación fiscal agresiva', Hacienda analizará este tipo de prácticas por parte de las entidades residentes, especialmente de los grupos multinacionales, con el propósito de minorar artificiosamente bases imponibles generadas en España y evitar así su tributación en el país.
En concreto, las actuaciones se centrarán, por un lado, en la comprobación de la deducibilidad de los gastos financieros, particularmente intragrupo, y la compensación indebida de bases imponibles negativas generadas tanto dentro como fuera de España. También se inspeccionará el desvío de rentas de actividades económicas a través de fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro o parcialmente exentas para minorar la tributación.
El resto de actuaciones que priorizará la Agencia Tributaria este año suelen ser las habituales en ejercicios anteriores, como el control de la economía sumergida y los signos externos de riqueza, el fraude organizado, las tramas de IVA, el blanqueo de capitales, el contrabando de tabaco, alquileres no declarados, estimación objetiva o procesos concursales.
 
INSPECTORES EN LA CALLE
 
Para combatir estos fraudes, Hacienda quiere seguir potenciando la presencia de los órganos de control en la calle para la realización de controles masivos y actuaciones de captación de información sobre actividades económicas abiertas al público. También continuarán las actuaciones presenciales para la detección de alquileres no declarados y, como novedad, se usarán otras fuentes de información como los registros administrativos o internet, además del consumo eléctrico.
Otra novedad de este año es que se analizarán las denuncias recibidas por realizar pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en aquellos casos en los que se aporten elementos de prueba consistentes que permitan acreditar la veracidad de la denuncia realizada.

 

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12. Marzo 2013

La Cofetel adjudica 19 licencias de radio FM

El Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) resolvió distintas solicitudes presentadas por concesionarios y permisionarios de estaciones de radio y televisión, procedimientos con los que se promueve una mayor y mejor oferta de los servicios en beneficio de la población.
Los Comisionados de Cofetel, a través de un comunicado, informan que resolvieron sobre el otorgamiento de 19 permisos para instalar y operar estaciones de radio en la banda de FM a favor del gobierno del Estado de Oaxaca, la mayoría de estas señales se destinan a cubrir localidades alejadas, permitiendo así que sus habitantes estén mejor comunicados.
El Pleno también aprobó, la procedencia del refrendo de 50 permisos de radiodifusión, estaciones en las que, luego del análisis correspondiente, se determinó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. De estos, 3 son emisoras de radio de AM, 8 de FM y 39 de televisión.
En este caso, se comunicará a los interesados, las condiciones aplicables al permiso correspondiente, a efecto de solicitar la aceptación de las mismas. Una vez que se cuente con esta aceptación de condiciones, se procederá a la emisión del refrendo correspondiente.
Asimismo, detalla que en esta sesión se autorizaron las modificaciones técnicas solicitadas por 6 concesionarios de estaciones de radio, así como a dos concesionarios para instalar antenas unipolo de AM, con el fin de mejorar sus condiciones de operación en su zona de cobertura.
Expone que en cumplimiento al Acuerdo Secretarial de septiembre de 2008, en el que se establece el proceso para la migración de las estaciones de radio de AM a la banda de FM en los lugares en los que exista disponibilidad suficiente de espectro, el Pleno aprobó, fijar el monto de la contraprestación correspondiente al Instituto Mexicano de la Radio (IMER), para que la estación XEFQ-AM de Cananea, Sonora, cambie sus operaciones a la banda de FM.
Por otro lado, los Comisionados aprobaron, emitir opinión favorable a la solicitud presentada por Axtel para que se le otorgue una concesión para usar, en forma experimental, los segmentos de la banda de frecuencias de 3.600 – 3.615 GHz y 3.675 – 3.690 GHz, con el fin de concluir las pruebas de las tecnologías de acceso inalámbrico fijo WiMAX y pre- WiMAX en la zona metropolitana del Valle de México y en algunos municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey.
Entre otros pendientes, también en la sesión de este miércoles se resolvió, a través del Acuerdo P/060313/105, emitir opinión favorable a dos solicitudes de concesión presentadas por Alicia Castañeda Moreno, para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones locales para prestar el servicio de televisión por cable.
De esta forma, la Cofetel impulsa una mayor participación de proveedores de los servicios, a fin de que los usuarios tengan más opciones para contratar, y con ello mejores precios y calidad.
Finalmente, el Pleno fue informado, por parte de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión, sobre los avances en el proceso de instalación de decodificadores y/o antenas digitales en Tijuana, ciudad en la que se realiza un programa piloto que prevé la instalación, de manera gratuita, de estos equipos en los hogares de escasos recursos que dependen únicamente del servicio de televisión abierta y que no cuentan con televisores que les permitan recibir las señales digitales, de acuerdo con lo establecido en la Política de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), cuyas modificaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2012.
Como se informó oportunamente, después de una licitación pública, la Cofetel adjudicó el 26 de noviembre de este año un contrato a la empresa Teletec de México S.A. de C.V., para las visitas e instalación de los decodificadores y/o antenas digitales en Tijuana, las cuales iniciaron el 11 de diciembre de 2012, y que, de acuerdo con lo estipulado, concluirían el 6 de marzo de 2013. Sin embargo, derivado de fuertes lluvias que impidieron la realización de los trabajos por algunos días, la empresa solicitó una ampliación del plazo.
Luego de analizar y acreditar la información presentada por Teletec, la Cofetel resolvió otorgar dicha prórroga por seis días, por lo que será el próximo 12 de marzo cuando dicha empresa deba concluir con los servicios de instalación y visitas en Tijuana.
Respecto a los avances en los trabajos de instalación, Teletec reporta haber alcanzado un total de 160 mil 085 instalaciones de decodificadores y/o antenas digitales al 3 de marzo del presente año.
Con base en los datos de la Encuesta sobre la Penetración de la Televisión Abierta en los Hogares (ENPETAH) levantada en Tijuana en abril de 2012, y al considerar el crecimiento en la penetración de los servicios de televisión restringida en el país, se espera que el número de instalaciones en esta ciudad sea cercano a de 180 mil servicios, a fin de que los usuarios tengan más opciones para contratar, y con ello mejores precios y calidad.

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8. Marzo 2013

Las televisiones pueden prohibir difundir sus emisiones en Internet

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha afirmado hoy que las emisoras de televisión pueden prohibir la retransmisión de sus programas por otra sociedad a través de Internet, porque considera que tal retransmisión constituye, "en ciertas condiciones, una comunicación al público de las obras que debe ser autorizada por su autor".
 
Los jueces europeos recordaron que la Directiva de 2001 sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor en la sociedad de la información pretende garantizar una compensación a los autores por el uso de sus obras, de forma que tengan el "derecho exclusivo" de autorizar o prohibir toda "comunicación" de las mismas "al público".
 
En esta ocasión, el Tribunal analizó el caso de la empresa de difusión de emisiones de televisión en internet TVCatchup (TVC), que ofrece a sus usuarios en el Reino Unido la posibilidad de recibir en directo, a través de Internet, emisiones televisivas en abierto.
 
TVC comprueba -a través del número IP del ordenador del usuario, que indica dónde está ubicado- que sus abonados sólo obtengan el acceso a un contenido si ya disponen legalmente del derecho a verlo en su domicilio gracias a su licencia de televisión.
 
Varias emisoras de televisión comercial británicas denunciaron a TVC en el Reino Unido por difundir sus emisiones a través de la red, al considerar que infringía los derechos de autor sobre sus programas y películas.
 
La Corte europea respondió con esta sentencia a una pregunta prejudicial del tribunal británico que tramita el caso, sobre si tal actividad es conforme a la Directiva comunitaria.
 
En primer lugar, el tribunal determinó que, cuando una obra concreta es objeto de múltiples utilizaciones, cada transmisión o retransmisión "debe ser autorizada en principio de manera individualizada por su autor".
 
Especificó que la retransmisión por Internet de una emisión de televisión terrestre "no puede estar exceptuada de la autorización de los autores de las obras retransmitidas cuando éstas se comunican al público".
 
En segundo lugar, el tribunal comprobó si las obras protegidas se han comunicado efectivamente a un "público".
 
En ese contexto, confirmó que la retransmisión de las obras por Internet se dirige a un número indeterminado de espectadores residentes en Reino Unido, que disponen de una conexión a la red y de una licencia de televisión en ese Estado miembro.
 

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