El Gobierno de Canarias crea su Consejo Audiovisual

Se trata de un órgano público independiente, demandado por expertos y profesionales, que velará por los valores constitucionales y legales en el sector
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado 12 de enero la Lista de Evaluación del Consejo Canario del Sector Audiovisual, lo que supone el primer paso para el desarrollo del anteproyecto de Ley del Consejo Canario del Sector Audiovisual para la creación de una autoridad independiente que vele por el respeto y cumplimiento en Canarias de los valores, principios y preceptos constitucionales, estatutarios y legales que rigen la actividad de este importante segmento económico y sociocultural.Este órgano, ampliamente reivindicado por expertos y profesionales del sector en documentos como el Libro Blanco del Audiovisual Canario (2007) o la Declaración de la I Cumbre del Audiovisual de Canarias (2009) y respaldado por la resolución del Parlamento de Canarias sobre el audiovisual como sector estratégico (2009), tendrá por cometido garantizar el derecho de los ciudadanos a una información veraz, objetiva e imparcial; garantizar la libertad de expresión; asegurar el pluralismo; velar por el respeto de igualdad ante la Ley, la protección de la juventud y de la infancia, la promoción de los intereses de Canarias, el fomento de la unidad de las Islas o el cumplimiento de la normativa reguladora del sector audiovisual, en especial en lo que se refiere a la publicidad.De esta forma, la Comunidad Autónoma de Canarias se suma a otras como la andaluza, la navarra o la catalana, que disponen desde hace años de órganos de similares características para la supervisión y coordinación del sector audiovisual.El Consejo Canario del Sector Audiovisual estará integrado por siete consejeros, cinco de los cuales serán elegidos por el Parlamento de Canarias y dos por el Ejecutivo para un mandato de seis años. Su consideración será la de organismo de Derecho Público independiente, con personalidad jurídica propia, con plena capacidad, y autonomía orgánica y funcional, para garantizar su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, como asesorar al Parlamento, al Gobierno y a las corporaciones locales en su materia; informar preceptivamente de cualquier proyecto de disposición del Parlamento o Gobierno; informar con carácter preceptivo sobre las propuestas de las mesas de contratación de concursos; velar por el cumplimiento de los valores, principios y preceptos constitucionales, estatutarios y legales que rigen esta actividad; promover actuaciones que favorezcan la cohesión social y la lucha contra las discriminaciones o ejercer la potestad inspectora y sancionadora en este ámbito.El número de empresas de actividades cinematográficas y de vídeo registradas en Canarias a 1 de enero de 2009 era de 247, el doble que en 1999, cifra que se eleva a 3.128 si se consideran todas las actividades contempladas en el Libro Blanco, lo que supone un crecimiento del 66% en los últimos 10 años y un 4,1% de la participación del Archipiélago en el total del Estado.En función de la información de la clasificación de las empresas por estratos de asalariados, el sector audiovisual canario emplearía a cerca de 6.000 personas, es decir un 28% más que en 1999 y casi un 1% de todo el empleo canario en 2008.