Las competencias de la CNE son reforzadas por la normativa estatal
El Real Decreto-Ley 13/2012, sobre la reforma del sector eléctrico, que el Gobierno aprobó el 30 de marzo incluye, entre otras medidas, la transposición de las directivas sobre normas comunes del mercado interior del gas y la electricidad. Dicha directiva refuerza el papel de los reguladores energéticos nacionales, que, recuerda "deben ser independiente jurídica y funcionalmente de cualquier otra entidad pública o privada". Asimismo, fija los objetivos, obligaciones y competencias de dicha autoridad.
El contenido de la adaptación de la directiva europea, en lo que se refiere a las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), choca de plano con el anteproyecto de ley por el que el Gobierno de Mariano Rajoy eliminará el regulador energético; el de las telecos (CMT) y la autoridad de la Competencia (CNC). Y es que dicha transposición incrementa de forma considerable las competencias de la CNE frente a la laminación de las mismas que prevé el citado anteproyecto.
Según este texto legal, que se va a tramitar en el Parlamento, las funciones reguladoras de los dos primeros organismos pasan a manos del Ministerio de Industria (concretamente, a las Secretarías de Estado de Energía y Telecomunicaciones, respectivamente) y solo algunas funciones de supervisión (como la metodología para fijar las tarifas del gas y la electricidad) pasan a un nuevo organismo, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que asume parte de las funciones de la CNC (la investigación de la autoridad de la Competencia se queda en manos de Economía).
Según la transposición de las directivas, se amplían las funciones de la Comisión Nacional de la Energía y se establece que será la encargada de aprobar las metodologías para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso. Asimismo, tendrá potestad para sancionar y adoptar "decisiones jurídicamente vinculantes a las empresas, todo ello en el ámbito de las competencias que dicho organismo tiene atribuidas". Por su parte, se refuerzan las funciones para proteger a los consumidores.
El lío jurídico es importante si se tiene en cuenta que el regulador ya vio reforzado su poder con la Ley de Economía Sostenible aprobada hace dos años por el Gobierno de Zapatero, con la que se modificó la composición del consejo, el mandato de los consejeros y el sistema de nombramiento. Dicha ley puso fin a la posibilidad de recurrir ante el Ministerio de Industria las decisiones del regulador, que, además de proponer sanciones, ahora puede imponerlas. Con la adaptación de la directiva se actualiza
Por el momento, el derecho vigente es el de RDL 13/2012 y, según fuentes jurídicas, todo apunta a que el Gobierno acabará modificando en el trámite parlamentario el anteproyecto de ley de reforma de los reguladores, dándole las competencias que a la CNE le ha dado el citado real decreto. Así, "el Gobierno podrá decir que han tenido en cuenta los informes críticos emitidos por la CNC y el demás reguladores sectoriales", añaden las mismas fuentes.
Fuente: Cinco Días