Tras haber desgranado el pliego de bases que regirá el concurso público para la adjudicación de licencias de radio FM, se puede percibir que el Gobierno de Canarias primará con la máxima puntuación a aquéllos proyectos (Sobre nº 2) que plasmen un planteamiento de máxima calidad en lo que respecta a (i) programación propuesta, (ii) viabilidad económica, (iii) viabilidad técnica, y (iv) fomento del empleo.

Esto significa que la administración se aleja de beneficiar planteamientos que tan sólo puedan ejecutar una clase de técnicos, para dar prioridad a ofertas que respondan coherentemente a los 4 bloques de valoración. Es decir, a los proyectos que sean realizados por un equipo multidisciplinar compuesto, como mínimo, de 4 profesionales interrelacionados entre sí: Abogados expertos en Derecho Audiovisual, Ingenieros de Telecomunicaciones, Economistas y Sociólogos vinculados con los medios. Si a esto se les añaden los Licenciados en Comunicación Audiovisual en el grupo de trabajo, el proyecto de emisora de radio gozará, a priori, de la máxima puntuación.

Así lo ha querido dejar claro la base 12 del pliego relativa a los criterios de valoración de los méritos. En ella se desarrollan 18 apartados divididos de siguiente forma:
1.- Propuesta de emisión y programación: 8 criterios, con 225 puntos en juego.
2.- Segmento económico y estructural: 3 criterios, con 80 puntos atribuibles.
3.- Propuesta Tecnológica: 3 criterios, con 60 puntos asignables.
4.- Fomento del empleo: 4 criterios, con 35 puntos en liza.

Con esto se pone fin a muchos tópicos en materia de memorias objeto de valoración por la mesa de contratación para dar las licencias audiovisuales.

En primer lugar, los proyectos ya no quedan en manos un único técnico sino que deben ser tratados por varios profesionales interrelacionados entre sí para ser lo más competitivos posible.

En segundo lugar, el equipo multidisciplinar que se encargue de elaborar el proyecto debe de seguirlo hasta el resultado final: si tiene el premio de la licencia también ha de evitar su pérdida por la vía judicial; en cambio, si no tiene el éxito esperado debe de tratar ganar la licencia neutralizando a los indebidamente premiados.

Por último, se fomenta que la conexión entre Abogado experto de Derecho Audiovisual, Ingeniero de Telecomunicaciones, Economista, Sociólogo y Licenciado en Comunicación Audiovisual, sea lo más intensa posible. Un vínculo sólido, sobre el que pivota la columna vertebral de la adecuación de la emisora a los criterios de las bases. Con esta fórmula, no sólo se puede conseguir un proyecto técnico lo más competente posible sino, también, un proyecto defendible ante las instancias judiciales.

Tras la publicación del Decreto 80/2010, de 8 de julio de 2010, sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, Canarias ha iniciado, en su seno, las vías para la consolidación del nuevo ordenamiento del sector que se inició con la aprobación de la Ley estatal 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.

Ante este inédito escenario, Díez & Romeo consideró preciso abrir en Canarias su ciclo de Conferencias-coloquio sobre el nuevo marco regulador audiovisual.

El 22 de julio tuvo lugar la sesión en el Hotel Silken de Santa Cruz de Tenerife, donde se dieron cita más de 30 emisoras de radio. Al día siguiente, le toco el turno a Las Palmas de Gran Canaria, y a las 17:00 horas, en el Hotel AC Gran Canaria, concurrieron inicialmente cerca de 40 operadores.

En ambas convocatorias se siguió una dinámica similar, con cuatro conferencias acompañadas de reflexiones y debates que pudieron esclarecer muchas dudas al sector.

Dinámica de las Intervenciones

El Letrado Jaime Rodríguez Díez, inicio la primera de las intervenciones esbozando los aspectos más notorios de la nueva normativa. El nuevo sistema de sanciones, las limitaciones de las licencias audiovisuales radiofónicas, el novedoso tratamiento a las operaciones sobre los títulos habilitantes, los contratos-programa, el control sobre los contenidos, así como las nuevas competencias de la Viceconsejería de Comunicación, fueron varias de las cuestiones a analizar. “La carga competencial atribuida por el Decreto 80/2010 a la Viceconsejería de Comunicación es tal que podríamos estar ante la antesala del advenimiento de un Consejo Audiovisual canario como autoridad independiente de regulación”. Manifestó el ponente.

Sobre la capacidad para sancionar se sacó en claro que “Por primera vez la Ley equipara la gravedad de las sanciones tanto a los que emitan sin autorización, como a los que lo hagan incumpliendo las condiciones técnicas de la licencia audiovisual”.

Paula Romeo González centró su intervención en el concurso público para el otorgamiento de licencias radiofónicas en Canarias. En concreto, detalló las vicisitudes de la plica denominada sobre nº 2, y cómo debe abordarse para ser una propuesta competitiva. A preguntas de los asistentes, la Letrada concluyó que “resulta difícil aspirar a una licencia si la oferta no es realizada por 5 tipos de profesionales en continua interacción: Ingenieros, Economistas, Abogados, Sociólogos y licenciados en Comunicación Audiovisual”.

La intervención continuó con el análisis de los criterios de valoración plasmados en el Decreto, y que serán desarrollados de las bases del concurso. Por último, desgranó la dinámica de las mesas de contratación a la hora de aplicar la asignación de puntuación a los distintos proyectos presentados.

Tras la pausa, Juan Encinas Fernandez habló de los requisitos previos que debe de cumplir el aspirante a licencias audiovisuales. Es decir, el sobre nº 1 y su necesaria rigurosidad. Como experto en contratación pública audiovisual, dejó constancia de los errores en los que incurren las empresas que son excluidas de la licitación. “Podemos tener el mejor proyecto posible, pero si no pasamos el sobre nº 1, ni siquiera nos darán la oportunidad de demostrarlo. Ni siquiera abrirán el Sobre nº 2”, explicó. El Letrado no quiso dejar lugar a duda: “debemos de acreditar la capacidad para contratar si queremos ser considerados legalmente licitadores”.

Finalmente, en la última sesión, se habló de las impugnaciones judiciales frente a los repartos de licencias de radio FM y TDT en toda España. En su intervención, Jaime Rodríguez Díez dio un recorrido por las causas que motivan la caída de una concesión, lo que derivó en un coloquio muy participativo y ameno, moderado por Maribel Rojo Junquera.

En este sentido, la mayoría de los ponentes de las conferencias están actualmente inmersos en los principales concursos públicos de licencias audiovisuales que se están desarrollando a nivel nacional.

El futuro inmediato

A juicio de los representantes de varias emisoras, estas jornadas han servido de guía para conocer las nuevas reglas de juego en el sector radiofónico. Sobre todo en los prolegómenos de la publicación de las bases del concurso público para la adjudicación de 156 licencias tanto el nuevo marco jurídico.

Después de la asamblea comparecieron en rueda de prensa el presidente de turno de la entidad Raúl Rodríguez –director general de la Cadena Ser- y el secretario general AERC, Alfonso Ruiz de Assín, quienes hicieron una revisión del último año de la Radio, de las perspectivas para lo que queda de crisis económica y aprovecharon de recordar viejos temas que a su juicio siguen sin encontrar respuesta en la administración: la supresión de las cerca de 3.000 radios piratas existentes y la eliminación de la publicidad en las radios públicas autonómicas.

Rodríguez ha destacado que la audiencia total de la Radio ha aumentado un 6% en los últimos doce meses y que ya alcanza los 24 millones de oyentes. Es además, el único medio que junto a internet aumenta su penetración en la población, han indicado. Respecto de la crisis de la publicidad han destacado que la Radio es el soporte que menos se ha resentido durante la crisis, pero que esto no ha evitado caer un 16% en cuanto a inversión publicitaria durante los últimos dos años.

En cuando a este curso han revelado que la sensación del sector es una contención de las caídas pero sin experimentar prácticamente crecimiento. Estas declaraciones las hacían antes de conocerse las cifras oficiales de Infoadex que ha reflejado un alza del 0,7% de crecimiento en la inversión publicitaria en Radio hasta los 261 millones de euros. Con todo han indicado que las cifras no son síntoma de una recuperación del sector, sino que simplemente son una consecuencia lógica de las fuertes caídas de los años precedentes.

Respecto de las Radio piratas han anunciado que enviarán una carta a las ocho autonomías que ya han fallado sus concursos del Plan FM de 2005, para que ejecuten cuanto antes el cierre de estas emisoras. La AERC ha vuelto a recordar a la administración que se debe poner en marcha la nueva normativa de la Ley general de Comunicación audiovisual  que endurece las penas, facilita los procesos de cierre y que debe poner en marcha un mapa oficial de las Radio piratas en España. ‘Es desesperante que no se haga nada por acabar con las radios piratas’, han concluido en la AERC.

Finalmente han pedido a la administración que no acelere el proceso de digitalización de la Radio mientras no se tenga la seguridad de tener descodificadores en el mercado, se establezcan con precisión los estándares técnicos europeos y se respecte a los actuales concesionarios. El Plan Técnico de Radio digital establece 18 meses desde la promulgación de la Ley para consolidar la transición, una fecha considerada apresurada por la patronal de la Radio.

Ofcom has published (July, 14) its Public Service Broadcasting Annual Report. Ofcom has a requirement under the Communications Act to asses Public Service Broadcasters (PSBs) in terms of their delivery of the public service purposes. PSB broadcasters are the BBC channels, ITV1, Channel 4, Five and S4C.

The report shows that spending on first-run, UK made programmes continues to fall.

Across the PSB channels spending on new UK programmes fell by 6% between 2008 and 2009.

Since 2005 there has been an overall decline of 16%.

Overall BBC spending on first-run TV programming fell by 9% on BBC1, 15% on BBC2 and by 17% on BBC digital channels between 2005 and 2009 – which constitutes an overall a drop of 13% from £1.42bn to £1.24bn.

Taken as a whole spending on new, first-run programming fell in real terms by 20% from £1.38bn in 2005 to £1.10bn 2009 for ITV1, Channel 4 and Five, yet as a proportion of their overall revenues spent on new programming this spending increased from 43% to 52% during the same period.

In addition, overall PSB spending on programmes specifically designed for audiences in Scotland, Wales and Northern Ireland and in English regions suffered one of the biggest declines, down by a third between 2005 and 2009.
Audiences
People are now watching more channels and TV than ever, but the result is that viewing of the five main PSB channels has fallen from 58% in 2005 to 55% in 2009 in multichannel homes. Yet, there is still a strong appreciation of the channels and their programmes, with nearly two thirds of people, 63% in 2009, saying the PSB channels deliver well-made, high quality programmes. This is up from 58% in 2006.

This could be partly explained by the way people watch TV programmes: since 2005 more people now have access to devices that provide more choice and control such as Personal Video Recorders (PVRs) and TV on demand. For example, in January 2010, 68.2 million TV programmes were requested by BBC iPlayer users; this had risen from 30.8 million in January 2009.

However, in relation to the delivery of programming specifically for audiences in the four different nations of the UK, peoples’ views have not become more positive over time. Our research shows that only one third of people say that the PSB channels provide a good range of programmes about their nation/region and this has not changed since 2007.

The full report can be found here: http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/reviews-investigations/public-service-broadcasting/annrep/psb10/

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha aprobado un informe en el que critica el nuevo modelo de financiación de RTVE, por considerar que puede suponer un "importante elemento de distorsión a la competencia entre RTVE y sus competidores" y que grava de manera inadecuada con un nuevo canon a las operadoras de telecomunicaciones.

Este informe, aprobado el pasado 16 de junio, es respuesta a la solicitud de pronunciamiento sobre el borrador de la Ley de Financiación de RTVE, de 28 de agosto de 2009, que le hizo el Ministerio de la Presidencia. Según Competencia, "el nuevo mecanismo de financiación de la corporación puede seguir siendo un importante elemento de distorsión a la competencia entre RTVE y sus competidores, en particular a través del incentivo al incremento presupuestario que supone".

"Es cierto que se prevé un importe máximo al presupuesto como compensación global por el servicio público (1.200 millones de euros para 2010 y 2011)", afirma, "pero si dicho límite no se fija con arreglo a criterios objetivos, el uso que de ellos se haga por parte de la corporación en los distintos mercados en los que adquiere y servicios puede suponer una alteración de las condiciones de competencia en el mercado (podría provocar, por ejemplo, una inflación de precios en los mercados en los que compite con otros operadores por el acceso a determinados 'inputs')".

La CNC sostiene que el presupuesto anual de RTVE bajo el nuevo régimen "no parece haberse fijado con arreglo a una estimación objetiva de los costes netos en que incurriría una empresa bien gestionada y adecuadamente equipada al prestar la obligación de servicio público que la corporación tiene encomendada, sino siguiendo una dinámica continuista, si no incrementalista, a partir de los presupuestos de años anteriores".
Beneficio discutible
Sobre el gravamen del 0,9% de los ingresos anuales de explotación que la ley impone a las 'telecos', el informe indica que "resulta razonable pensar que los prestadores del servicio de televisión en abierto obtendrán un claro beneficio de la desaparición de RTVE como demandante de publicidad, pero esto no es tan claro en el caso de otros operadores, por ejemplo los de telecomunicaciones".

A juicio de la comisión, "la justificación del supuesto beneficio que justificaría la imposición de la obligación de contribución directa a la financiación de RTVE no está debidamente desarrollada ni en el articulado ni en la exposición de motivos ni en las memorias de acompañamiento de la Ley 8/2009, de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española".

"Resulta discutible", señala, "que, en base al 'impacto positivo para el sector de las telecomunicaciones que se deriva de la nueva regulación del sector televisivo y audiovisual y, en especial, por la ampliación de los servicios de banda ancha fija y móvil, así como la supresión de la publicidad y la renuncia a contenidos de pago o acceso condicional de la CRTVE', tal como establece el art. 5 de la Ley, se pueda justificar dicha imposición".

En opinión de Competencia, este "impacto positivo" para los proveedores de servicios de acceso a redes "es, cuando menos, difuso, ya que los beneficiados directos no son ellos, sino los proveedores de contenidos, que ven incrementado el valor de su espacio publicitario". "Además, el resto de oferentes de espacio publicitario (operadores de radio, prensa escrita, publicidad externa, publicidad online) quedan exentos de dicho gravamen", agrega.

La CNC tampoco aprecia justificación en "la diferencia de trato que existe entre operadores de televisión de ámbito superior a una comunidad autónoma y operadores de ámbito no superior (a los primeros se les impone una obligación de contribución y a los segundos no)", "puesto que todos compiten en el mismo mercado". "El sistema impositivo asociado al nuevo sistema de financiación de la Corporación RTVE es susceptible de crear asimetrías en los distintos mercados a los que afecta, derivadas la falta de proporcionalidad en el reparto de cargas de acuerdo con las diferencias entre los distintos operadores (en términos de tamaño, de implantación geográfica, de negocio, etc.)".

Asimismo, manifiesta que parece evidente la diferencia de trato que se establece entre los operadores (bien de telecomunicaciones, bien audiovisuales) en función de su ámbito geográfico de actuación. Aquellos operadores que actúan en el ámbito de una comunidad autónoma quedan exentos del pago al que se obliga a los operadores de ámbito nacional, cuando ambos compiten en el mismo mercado.

"Esta diferencia de trato carece de justificación", concluye, "puesto que el beneficio derivado del nuevo régimen de financiación de la Corporación RTVE existe también para las televisiones autonómicas e introduce distorsiones significativas en la competencia. Este argumento incluye a las televisiones públicas autonómicas cuyo régimen de financiación no excluya la publicidad (que, por el momento, son todas)".

Televisa, el conglomerado mexicano de medios de comunicación que dispone del 40,5% de La Sexta, invirtió 8,3 millones de euros en esta cadena en el segundo trimestre de 2010, según señala la compañía en su último informe financiero.

El grupo mexicano afirma que sus participaciones en otras empresas le han dado un beneficio neto en el segundo trimestre de 2010 de 2,9 millones de euros, frente a una pérdida neta de 8,4 millones de euros en el segundo trimestre de 2009, una "variación favorable" que atribuye "principalmente" a su participación en el canal de Mediapro.

Durante el primer trimestre de 2010, Televisa aportó a La Sexta otros 13,2 millones de euros, por lo que, en lo que va de año, el conglomerado ha invertido en la cadena 21,5 millones de euros. En 2009, la inversión del grupo mexicano a la cadena de Mediapro fue de 35,7 millones de euros.

El pasado 31 de mayo, el consejero delegado de La Sexta, José Miguel Contreras, ya adelantó que en junio los socios realizarían una última ampliación de capital y, a partir de entonces, ya no serían necesarias más inversiones, salvo "algún ajuste de caja" puntual, ya que la cadena logró en mayo cerrar su primer mes con beneficios.

Desde que se creó La Sexta, los socios, entre los que están la productora Mediapro o la propia Televisa, han aportado alrededor de 600 millones de euros para lanzar la cadena, tal y como ha informado el director general de La Sexta, Juan Ruiz de Gauda.

El juzgado de primera instancia número 46 de Madrid ha prohibido al programa de Antena 3 'Donde Estás Corazón'('DEC') que el presentador y sus colaboradores pregunten hoy a un empresario español de 52 años sobre su supuesta relación homosexual con Alfonso Díaz, pareja de la Duquesa de Alba.

En un auto dictado, el citado juzgado prohíbe que se emita, difunda y de soporte a cualquier pregunta, manifestación o comentario en relación a la supuesta homosexualidad o a la presunta relación sexual o sentimental de Díaz con el empresario José Luis Gómez-Chia.

El auto recuerda que Díaz presentó la demanda de medidas cautelares contra Antena 3 y la productora de 'DEC', Cuarzo Producciones, por vulneración de su derecho al honor y a su intimidad personal.

El juzgado indica que transmitir la entrevista en los términos que pretendía la cadena "implicaría una agresión irreparable" en el derecho a la intimidad de Díaz.

Por último, el auto reconoce la "habilidad" de los redactores del programa en la elaboración del guión del programa que se emite esta noche a las 22.00 horas, para "eludir cualquier cuestionamiento previo que pudiera alegarse" como una agresión al derecho a la intimidad de Díaz.

Durante tres años, el Gobierno del Principado de Asturias, que preside el socialista Vicente Álvarez Areces, mantuvo abierto el proceso para la concesión de nuevas emisoras de radio, sin adoptar decisión alguna. Hasta que el martes, y horas antes de anunciar que no volvería a ser candidato a la presidencia, se daba a conocer la adjudicación.
En la convocatoria figuraban las grandes cadenas de emisoras comerciales, La «Ser», «Onda Cero» y «Cope», además de  otras emisoras como «Punto Radio» o «Kiss Fm». A lo largo de estos años no se produjo decisión alguna que se diera a conocer, aunque la proximidad del próximo proceso electoral autonómico parecía indicar una resolución próxima. Ésta se produjo en la tarde del martes, poco antes de que comenzase del partido que enfrentó a la Selección nacional con Alemania. 

El Consejo de Gobierno, según informó a la agencia  la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, optó por el sigueinte reparto: dos han recaído para la «Sociedad Española de Radiodifusión» (Ser), en concreto las de Oviedo y Avilés y, otra, en Gijón, para la empresa «El Comercio TV». Dos licencias más, en Oviedo, fueron adjudicadas a las empresas «Soninorte Producciones» y «Nuevas Iniciativas Audiovisuales», y en Navia, fue para «Editorial Prensa Asturiana».

La licencia de radio correspondiente a  la localidad de Cangas de Onís fue adjudicada a «Propulsora Montañesa» mientras que las dos de Luarca las gestionarán «Kiss Radio» y «Economía por Ondas», y  la de Taramundi, la sociedad «Radiodifusión del Principado».
Según el Gobierno, en el informe y propuesta de concesión la mesa «ha seguido los criterios de evaluación definidos en el decreto aprobado en 1997, que establecía una puntuación de 0 a 100 puntos para las empresas concurrentes de los que hasta 30 correspondían a fomento cultural; hasta 20 a contenidos y hasta 10 a pluralismo informativo, viabilidad económica, técnica, compromiso de no cesión a terceros y acceso a nuevas empresas».

La decisión del Gobierno socialista de Areces, ciertamente polémica, supone que, por ejemplo, la cadena «Ser», del grupo PRISA, propietaria del diario «El País» y de los canales CNN+, Cuatro (en proceso de venta a Telecinco) o Canal+, entre otras empresas, ha resultado adjudicataria de dos nuevas emisoras, que sumará a las nueve de que ya disponía en la comunidad asturiana.

Otra de las beneficiarias ha sido la empresa de «Kiss Fm», una cadena que emite sólo música. Esta empresa disponía asimismo de otras nueve licencias en el Principado, aunque no como emisoras al uso, pues su empleo básico es el de ejercer como estaciones repetidoras de las emisiones musicales de la sede central.

«Onda Cero», la segunda cadena de radio comercial de España, que explota en Asturias seis emisoras y optaba a otras tres, ha quedado fuera del reparto sin que hasta el momento el presidente Areces haya esgrimido justificación concreta, o explicado las razones de la decisión. La medida ha causado sorpresa pues la cadena afectada mantiene redacciones y puestos de trabajo en el Principado. Otra cadena de emisoras , la «Cope», que es la tercera radio comercial de España, ha quedado igualmente fuera de la adjudicación.

Decisión de despedida
Por sorpresa, y en una rueda de prensa en la que no consintió que los periodistas pudieran efectuar preguntas, el presidente socialista del Principado, Vicente Álvarez Areces, anunció que no volvería a ser candidato, lo que supone, de hecho, el anuncio de su retirada de la primera línea de la política regional, y que no habrá lucha interna por la candidatura. El anuncio de Álvarez Areces se produce sólo unas horas después de que su gobierno anunciara la polémica concesión de emisoras de radio en el Principado, y ha sido vista por la oposición del Partido Popular como una «expulsión» de la arena política por una mala gestión que le hubiera pasado factura a su partido en las próximas  elecciones autonómicas de 2011.
 

Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma en adaptar su legislación a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual.El Decreto fija el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos ubicados en Canarias.

La norma inédita en toda España, se convierte en la antesala de la convocatoria del concurso público de las licencias de radio FM y fija los criterios a seguir para la obtención de las mismas

El día 8 de julio de 2010, el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto de Servicios sobre Comunicación Audiovisual, con el fin de que Canarias esté adecuada a la nueva Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual. De este modo, el nuevo Decreto se convierte en la primera norma de esta naturaleza que una comunidad autónoma promulga en España.

En cuanto al contenido del Decreto, se pueden apreciar 6 bloques fundamentales:

(i) El nuevo sistema de autorizaciones administrativas, donde se abordan los procesos necesarios a pasar si se pota a una licencia audiovisual o una comunicación previa.

(ii) Los detalles de la convocatoria de los concursos públicos de Radio FM y TDT (hoy denominados servicios de comunicación audiovisual radiofónica y televisiva respectivamente), donde se aprecia, genéricamente, cómo debe de ser el concurso público, los criterios de valoración de la documentación administrativa o Sobre nº 1 (valoración de aptitud) y los de valoración del Sobre nº 2, los proyectos (valoración de méritos); y por último las funciones de la Mesa de Contratación.

(iii) Los servicios de comunicación social comunitarios sin ánimo de lucro. Es decir, Radios y Televisiones que entren en este supuesto también deberán obtener esta especial licencia que tramitará el Gobierno de Canarias.

(iv) La capacidad de efectuar inspecciones a las instalaciones por el personal del Gobierno de Canarias.

(v) El régimen sancionador que se remite al dispuesto por La Ley General de Comunicación Audiovisual servicios de comunicación social comunitarios sin ánimo de lucro. Es decir, Radios y Televisiones que entren en este supuesto también deberán obtener esta especial licencia que tramitará el Gobierno de Canarias.

(vi) La creación del Registro Canario de Prestadores del Servicio de Comunicación audiovisual, entre los que se encuentran las radios y las televisiones.

Uno de los hitos importantes es que, en la medida se tenga competencias para ello, el Gobierno de Canarias debe hacer cumplir todas las obligaciones y derechos derivadas del Ley General de Comunicación Audiovisual. Por otro lado, se permiten realizar negocios jurídicos con las licencias (transmisión, arrendamiento, etc..) con un criterio más flexible que la anterior regulación, a pesar de cumplir los trámites regulados en el Decreto.

Otra de las cuestiones importante a tener en cuenta son los criterios que han de regir los concursos para la concesión de licencias en el sector audiovisual. Así en cada proyecto se valora: (i) La viabilidad económica de la propuesta de emisora; (ii) la viabilidad técnica, (iii) las características de la emisión del proyecto; (iv) las características de la emisión y programación; (vii) el compromiso de no transmitir la licencia durante un período de tiempo superior a la prohibición de transmisión legalmente establecida; y (viii) la creación de empleo.

Finalmente, el Decreto de Servicios sobre Comunicación Audiovisual, traslada a Canarias lo que la Ley General de Comunicación Audiovisual tiene en su seno, pasar a considerar la comunicación audiovisual como una actividad de interés general en lugar de un servicio público. La consecuencia de esta nueva concepción es que todas las autorizaciones administrativas relacionadas con el audiovisual no requerirán de un concurso público, salvo aquellas que utilicen las ondas terrestres, como es el caso de la radio y la TDT.

Se puede decir que la promulgación de este Decreto es la antesala a la convocatoria del concurso público de las licencias de radio FM en Canarias, que muchos operadores esperan. Aunque este será el primer concurso que se regirá por la nueva normativa audiovisual, tanto la estatal como la autonómica. Por eso las licencias pasan a tener 15 años de vigencia en lugar de 10.

El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez Illera, ha apostado por resolver la incertidumbre sobre la tasa de TVE, que obliga a los operadores de telecomunicaciones a aportar el 0,9% de sus ingresos y compensar la eliminación de la publicidad, para impulsar la inversión en el sector.

En la inaguración del XVI encuentro del sector de las telecomunicaciones celebrado en el IESE, Rodríguez Illera explicó que "convendría eliminar las dudas que genera la fiscalidad asociada a las tasas de televisión con el objetivo de que los agentes económicos puedan tomar sus decisiones con visibilidad".

En este sentido, el presidente de la CMT resaltó la "necesidad objetiva de invertir en redes de acceso fija y móvil", para lo que abogó por "una participación pública transparente, conocible y sin sorpresas, conforme a unas reglas que no interfieran en el desarrollo de las infraestructuras".

Rodríguez subrayó que "tras un año de recesión, se comienza a salir de la crisis", tal y como manifiestan diversos indicadores, y destacó que, "por lo menos", la mala situación económica ha provocado "un ajuste a la baja de los precios", ya que "no hay mal que por bien no venga".

Respecto a la convergencia, "en términos de comercialización conjunta de los servicios de internet y voz", el presidente de la CMT señaló que se trata de "un hecho", medible en términos porcentuales, de gran relevancia.

Así, adelantó que, según los estudios anuales de la CMT, el grado de convergencia alcanzó el 75% en 2009, lo que significa que "tres cuartas partes del mercado de acceso a banda ancha se presta empaquetado".

"Lo diría de otra forma, el mercado de sólo banda ancha no llega al 5%", añadió Rodríguez, quien igualmente puso de manifiesto que "casi la mitad de las ofertas de cable, el 45%, se ofrece con convergentes".
Neutralidad de la Red
En cuanto a la neutralidad de la Red, el presidente de la CMT consideró que "no se debe resolver a nivel regulatorio", sino "a través de las fuerzas del mercado y los acuerdos voluntarios entre las partes", aunque matizó que debe existir un marco legal para "garantizar un entorno de competencia".

Según su opinion, hay que preguntarse "hasta qué punto la actividad soportada mediante internet puede ser fiscalizada directamente por los detentadores de la red" o si "el hecho de gestionar las infraestructuras da derecho a disfrutar de una cuota sobre el negocio que se soporta en esas infraestructuras".

Rodríguez destacó también la importancia que el fenómeno audiovisual está cobrando mediante, sobre todo, el incremento de las descargas en internet al margen de los derechos de propiedad, un fenómeno que puede cambiar en los próximos 2 ó 3 años, "al suponer actualmente el grueso del suministro alegal o ilegal".

En este apartado, citó la oferta de contenidos pagados iniciada por Youtube y Google, "objeto de juicios y recursos a tribunales", como otro factor que evidencia el aumento de la presencia del video y el componente audiovisual en la red.

La guerra del fútbol toma dimensiones desconocidas. A media tarde, coincidiendo con el estreno de la selección española en el Mundial de Sudáfrica, Mediaproducciones S. L., filial del Grupo Mediapro que posee los derechos audiovisuales de la Liga, solicitaba concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) alegando «desequilibrio en los flujos de caja». La compañía controlada por Jaume Roures establece así un armazón jurídico para evitar el inminente pago de 104 millones de euros a su gran rival, el Grupo Prisa. Un juzgado condenó el pasado marzo a Mediapro a pagar esta cantidad por la ruptura del contrato de 2006 que fijaba las condiciones para la explotación del fútbol en TV y, visto lo visto, la ejecución provisional de la sentencia era inminente a favor de Sogecable-Prisa.
De manera paralela, Sogecable debía abonar a Mediapro antes del 15 de junio 90 millones de euros correspondientes al primer pago de los derechos de la Liga para la temporada 2010-2011, cantidad que no llegó a desembolsar alegando el «grave riesgo» de que su rival incumpliera sus obligaciones contractuales. Prisa reclamaba un aval bancario u otra garantía para que en el momento en el que la sentencia fuera firme, Mediapro abonara a Sogecable los mencionados 104 millones de euros.
Mediapro dice que Prisa no le paga y solicita la suspensión de pagos, que cambia radicalmente el curso de los acontecimientos y paraliza el abono de los 104 millones. A partir de ahora el juez nombrará a tres administradores (un auditor, un abogado y un acreedor) para que evalúen la situación real de la empresa y determinen si se pueden o no pagar las deudas. Dado que los principales acreedores de la filial de Mediapro son los clubes de fútbol, son éstos los que sufren los daños colaterales de la «guerra», ya que su principal pagador quedará en situación de suspensión de pagos, con lo que conlleva para lograr financiación de los bancos para, por ejemplo, realizar fichajes.
Según el diario ABC, en las últimas horas se han producido numerosas llamadas de responsables de Mediapro a los clubes para tranquilizarles y explicarles que «esto no va contra ellos» y que sus contratos están asegurados. Sin embargo, las dudas son muchas.
Los pagos a los clubes se efectúan en dos fases: una a primeros de año y otra a finales a julio, cada una por un valor aproximado de 300 millones de euros. El impago de uno solo de los compromisos supone la ruptura inmediata del contrato, lo que permitiría a otros operadores quedarse con los derechos de los clubes.
Valoración de Digital +
Mediapro anunció de inmediato que Canal + y Canal + Liga no podrán emitir los partidos de Liga de primera y segunda División la próxima temporada, lo que dejaría a la plataforma Digital + sin uno de sus grandes atractivos en un momento clave para el futuro de la empresa. Prisa tiene comprometida la venta del 22 por ciento de las acciones de Digital + a Telecinco por un valor de 500 millones de euros. La operación está pendiente sólo de la autorización de la Comisión Nacional de Competencia y ahora surge la duda de si podría verse afectada por la hipotética pérdida de los derechos del fútbol. La totalidad de Digital +, con partidos incluidos, se valoró en 2.350 millones de euros.
Los analistas también especulaban ayer con la repercusión en la negociación de Prisa con Liberty, que vence el próximo 31 de julio, cuyos accionistas «podrían percibir mayor riesgo, lo que podría condicionar su decisión de voto», aseguraba ayer un informe del Banco Sabadell.
Mediapro se apresuró a subrayar que «la decisión de solicitar un concurso de acreedores no pone en duda la rentabilidad y viabilidad de Mediaproducción S. L., puesto que la misma está motivada únciamente por la decisión de Sogecable de no hacer frente a sus obligaciones de pago». Y Prisa contraatacaba de inmediato: «La respuesta de Mediapro ha sido imputar falsamente a Sogecable la necesidad de declararse en concurso de acreedores. Sogecable podrá emitir los partidos de la Liga de fútbol de Primera y Segunda división la próxima temporada».

El pasado día 6 de mayo, a las 12:00 horas, la Mesa de Contratación, en sesión celebrada en el Palacio Regional, ha hecho pública la propuesta de adjudicación de las 9 licencias audiovisuales para la prestación del servicio de TDTL en Cantabria. La valoración final se obtuvo del resultado de la suma de criterios evaluables a través de juicio de valor y  mediante la utilización de fórmulas matemáticas tras el estudio de las proposiciones, que fueron divididas en Sobres B-1 y B-2 respectivamente. Tras este acto, la comunidad cántabra articula la nueva regulación del sector de la televisión local por ondas en su territorio, tras declarar desierto el anterior concurso público.  Este concurso presentaba una peculiaridad absolutamente novedosa y es que cada proyecto debía responder a un lote configurado por 2 demarcaciones locales. Circunstancia inédita que  ha generado el planteamiento de un recurso contencioso-administrativo frente a la publicación de las bases del concurso que todavía no se ha resuelto. 

En cualquier caso, la Comunidad Autónoma de Cantabria ha premiado la idiosincrasia regional y la proximidad local, criterios que parecen haber influído en la Mesa de Contratación para la valoración de los proyectos. Tanto es así que la mayoría de las entidades que han conseguido regularizar su situación son empresas eminentemente cántabras. Los adjudicatarios son Aqui TV, Telebahía, Cantabria Televisión (antigua Tele Cabarga), Kiss TV, Popular TV y Tele Castro 

Desde el pasado 1 de mayo de este año está en vigor la Ley General de Comunicación Audiovisual, una norma que prevee grandes transformaciones en el sector audiovisual y que, sobre todo, amplía y define los derechos de los telespectadores. La Ley 7/2010, de 30 de marzo, General de Comunicación Audiovisual viene a clarificar y sistematizar la regulación que hasta el momento existía en el ámbito audiovisual español, que se caracterizaba por una legislación obsoleta, dispersa y fragmentaria.
 

Mayor protección frente a los contenidos y la publicidad
La nueva ley protege el derecho de los ciudadanos a recibir una comunicación audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingüístico, y especifica las obligaciones de los prestadores de servicio en relación a los menores de edad y a las personas con discapacidad que merecen una protección especial.
Para ello, establece franjas de protección reforzada entre las 8 y 9 horas y las 17 y 20 horas para los días laborables y entre las 9 y 12 horas los sábados, domingos y festivos de ámbito estatal, en las que no se pueden emitir contenidos calificados para mayores de trece años.

Además, introduce por vez primera la prohibición expresa de emisión en abierto de escenas de pornografía y violencia gratuita.
Las restricciones horarias se extienden también a la emisión de juegos de azar y apuestas, que deberán emitirse únicamente entre la una y las cinco de la mañana. Los contenidos relacionados con el esoterismo y las paraciencias tienen limitada su emisión entre las 22 horas y las 7 de la mañana.

Se establece un derecho de acceso universal para las personas con discapacidad al establecer la obligatoriedad de subtitular un porcentaje de la programación que se irá incrementando hasta completar el 75% en 2013 en los prestadores de servicio de titularidad privada y el 90% en los prestadores de servicio de titularidad pública. También ha de incluirse el lenguaje de signos y la autodescripción de la programación.

Los espectadores pueden actuar para que se cumplan los códigos

La nueva ley reconoce el derecho de cualquier ciudadano a participar en el control de los contenidos audiovisuales en relación al ordenamiento constitucional vigente y a los códigos de autorregulación que suscriban los prestadores.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma los ciudadanos ya pueden ejercer este derecho desde la puesta en marcha del Consejo Audiovisual de Andalucía (en 2005), ya que su ley de creación reconoció ya entonces el derecho de la ciudadanía a presentar quejas, sugerencias y peticiones sobre con los contenidos audiovisuales en la Oficina de Defensa de la Audiencia.

Tiempo limitado para la publicidad

En el ámbito de la publicidad, se establecen las siguientes limitaciones para evitar la saturación publicitaria: doce minutos de mensajes publicitarios por hora de reloj; cinco minutos de autopromoción de la propia cadena y tres minutos para la telepromoción. Se garantiza la integridad en la transmisión de películas, largometrajes y programas informativos, que sólo podrán ser interrumpidos una vez por cada período de treinta minutos.

Prohibidos los anuncios de belleza y de alimentos que fomentan la obesidad infantil en horario protegido
En cuanto al contenido de la publicidad, cabe destacar la previsión de la Ley de evitar, en horario de protección de menores, los anuncios que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen, tales como productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética.

También se reforzará el control en de los anuncios de alimentos y bebidas poco saludableso con escaso valor nutritivo en la programación infantil. No se podrán emitir anuncios de bebidas de baja gradación (vino o cervezas) antes de las 20.30 horas.

Protección de la dignidad de la mujer en los medios audiovisuales
La nueva Ley recoge y protege también los derechos de la mujer en los medios audiovisuales y en la publicidad al prestar especial atención a la erradicación de conductas que favorezcan situaciones de desigualdad de las mujeres. También prohíbe taxativamente la utilización por parte de la publicidad de la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.

La publicidad política sólo se podrá emitir en periodo electoral
La nueva ley prohíbe la publicidad de naturaleza política excepto en los periodos de campaña electoral, tal y como prevé en la Ley de Régimen Electoral.

Nace un órgano regulador de ámbito estatal
La Ley crea y regula el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como autoridad independiente que supervisa y regula la actividad de los medios de titularidad del Estado y los que estén bajo su competencia a fin de garantizar el libre ejercicio de la comunicación audiovisual; la plena eficacia de los derechos y obligaciones establecidos en la ley; la transparencia y el pluralismo, y la independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio, televisión y servicios conexos e interactivos. Así que el CEMA asumirá funciones que hasta ahora venían ejerciendo los tribunales de justicia.
La Ley prevé mecanismos de coordinación y colaboración con los Consejos Audiovisuales ya existentes como el andaluz, el catalán y el navarro.

Régimen sancionador para las televisiones y radios que incumplan la ley y las resoluciones del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
La ley establece un régimen sancionador en el que se elevan las cuantías de las multas, que pueden llegar hasta el millón de euros para las infracciones muy graves, y en algunos casos la retirada de la licencia. Por ejemplo, se considera infracción muy grave la difusión del nombre y la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos o emisiones que discutan su tutela o filiación.

La Ley tipifica como infracción grave el incumplimiento de las decisiones e instrucciones de las autoridades reguladoras.

Los eventos de “interés general” se emitirán en abierto
La ley establece una serie de acontecimientos considerados de interés general para la sociedad que han de emitirse en abierto y con cobertura estatal relacionados fundamentalmente con eventos deportivos de gran audiencia y valor.

Se podrán revender licencias
La Ley promueve la liberalización del sector audiovisual, regulando los negocios jurídicos sobre las licencias de comunicación audiovisual como la compraventa y el arrendamiento, garantizando, no obstante la prestación del servicio público de comunicación audiovisual por los prestadores de servicio de titularidad pública.

Más garantías en el uso de los nuevos formatos de televisión
La nueva ley otorga mayor garantía y seguridad jurídica en la utilización de nuevos modelos emergentes de comunicación audiovisual como son la TDT de pago, la Alta Definición y la televisión en movilidad. Además, asegura el acceso efectivo de la ciudadanía a servicios conexos e interactivos y garantiza el pluralismo y libre competencia en el mercado radiofónico y televisivo dada la importancia que tienen estos medios en la formación de la opinión pública.

Consagra la libertad editorial de los prestadores de servicio
La ley reconoce el derecho de los prestadores de servicio a emitir su programación en condiciones de libertad mediante la selección de contenidos y la determinación de los horarios.

Llegaron hace un año y se han expandido como la pólvora. Son las pulseras holográficas, que supuestamente ayudan a nuestro cuerpo a obtener equilibrio, fuerza y flexibilidad. La asociaciones de consumidores (Facua y OCU, entre ellas) han denunciado a varias marcas por publicidad engañosa, y el Instituto Nacional de Consumo (dependiente del Ministerio de Sanidad) ha remitido una nota a las comunidades autónomas, que son quienes tienen autoridad para regular su venta, advirtiendo de que "las pretendidas propiedades terapéuticas o potenciadoras que los fabricantes y comercializadores atribuyen a determinadas pulseras incumplen lo establecido en la normativa que regula la publicidad y promoción comercial de los productos".

Power Balance, la marca pionera, ha vendido entre 300.000 y 350.000 ejemplares. A un coste medio de 35 euros, a rebufo de Power Balance han surgido un sinfín de marcas que prometen la misma técnica: EFX, Equilibrium, Ion Balance, Powerplus, Power Equilibrium, Trion-Z, Energy Balance, Harmony Zen... Las luce gente tan diversa como el lehendakari Patxi López; Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid; Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE; la infanta Elena, Antonio Lobato, Cristiano Ronaldo, Raúl, Guti o Belén Esteban.

¿Cómo logra tales beneficios la pulsera? Gracias a un holograma, "un derivado del plástico con la capacidad de ser programable", en el que se han introducido "frecuencias que reaccionan positivamente al campo magnético del cuerpo". "Las células se comunican entre sí", dice Jose María Manzanares, director de Power Balance Madrid, que luce dos pulseras en la muñeca. "Power Balance hace que esa transmisión sea más pura y rápida". Manzanares añade que son una empresa "tecnológica". ¿En qué consiste esa tecnología? "Es secreta, como la fórmula de Coca-Cola".

Para demostrar sus supuestos beneficios, Power Balance propone una serie de ejercicios. El más popular consiste en mantener el equilibrio a la pata coja con o sin pulsera. Sin embargo, ni ésta ni el resto de las marcas aporta ningún estudio científico que las avale. Los médicos consultados las consideran un fraude: "Sólo benefician a quienes las venden, es la charlatanería de siempre", dice Pedro Manonelles, secretario general de la Federación Española de Medicina del Deporte. "Mi opinión se reduce en una frase: son un auténtico bluf", dice Cosme Noveda, del Colegio de Médicos.

Las escenas de violencia gratuita o pornográficas incluidas en series, películas o programas de televisión en abierto están prohibidas por ley a partir del pasado 1 de mayo, fecha de la entrada en vigor de la Ley 7/2010, General de Comunicaión Audiovisual, aprobada el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados.

La ley, que establece una 'reglas de juego' para el sector audiovisual y refuerza el control de contenidos perjudiciales para los menores, dispone también que los otros contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo de los niños sólo podrán emitirse entre las 22.00 y las 6.00 horas.

Además, los programas dedicados a juegos de azar (salvo los sorteos con finalidad pública, como la Lotería) sólo podrán emitirse entre la una y las cinco de la mañana, y aquellos con contenido relacionado con esoterismo y las paraciencias, sólo podrán emitirse entre las 22 y las 7 de la mañana.

Por otro lado, los contenidos que no sean aptos para los menores deberán ir precedidos por un avisador acústico y visual, para que los padres sepan que los contenidos que se están emitiendo no son los adecuados para sus hijos. Con este mismo propósito, las cadenas tendrán que utilizar una codificación digital que permita el ejercicio del control parental.

La Ley determina tres franjas horarias consideradas de protección reforzada para los menores: entre las 8.00 y las 9.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas, en el caso de los días laborables, y entre las 900 y las 12.00 horas sábados, domingos y fiestas de ámbito estatal.

En cuanto a la publicidad, en estos horarios de protección las cadenas no podrán emitir anuncios que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen, tales como productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética, que apelen al rechazo social por la condición física o al éxito debido a factores de peso o estética.

Asimismo, desaparecerá de la parrillas de las cadenas a partir de mañana los anuncios de bebidas de menos de veinte grados, como el vino o la cerveza, fuera de la franja comprendida entra las 20.30 y las 06.00 horas del día siguiente. La única excepción a esta norma forme parte indivisible de la adquisición de derechos, como por ejemplo, un partido de fútbol que contenga anuncios de bebidas alcohólicas de esa graduación.

La ley, que es una demanda del propio sector y de las asociaciones de consumidores desde hace años, viene a fijar unas 'reglas del juego' sobre contenidos y funcionamiento empresarial que en algunos casos las televisiones ya cumplían en la práctica, pero que hasta ahora no estaban recogidas en una ley general, sino en multitud de normas parciales y códigos de autoregulación, y crea un órgano supervisor, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).

Máximo 20 minutos de publicidad

Otra de las novedades es el tiempo máximo de publicidad, que será de 20 minutos por hora entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (cinco minutos) y telepromoción (tres minutos). Este punto ha sido modificado respecto al texto inicial del Gobierno, que contemplaba la posibilidad de emitir un total de 29 minutos de mensajes publicitarios.

Por otro lado, la ley establece unas 'reglas de juego' para el sector audiovisual que pretende dar seguridad jurídica a las empresas para poder actuar. En este sentido, la ley establece un régimen de concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias audiovisuales, y se recoge como un derecho de los operadores lanzar canales de pago, limitándolo a un 50% de los canales concedidos a cada licencia.